Escocia, Cataluña y el Derecho de Autodeterminación

Viene y se va el referendum escocés. Un jarro de agua fría para el nacionalismo europeo, y el catalán en particular.
Cientos de nacionalistas habían viajado hasta Edimburgo para contemplar, ante la mirada estupefacta de la Europa imperialista, el ejercicio de liberación de un pueblo esclavizado por la pérfida Inglaterra durante casi trescientos años.
Y sin embargo, ¿esto es así?

Cuando se habla de "derecho de autodeterminación", y se niega a regiones occidentales pertenecientes a democracias consolidadas, no se hace más que resaltar la doctrina establecida por las Naciones Unidas (principar impulsor del proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial). El derecho de autodeterminación, pocos lo saben, es un derecho concedido a colonias para decidir sobre su independencia -o no- de la metrópoli que las controla. Por ello, la doctrina inmensamente aceptada en el derecho internacional -Sentencia del Caso Quebec- lo niega a regiones de Estados democráticos que gozan de representación y cuya identidad y costumbres son respetadas por el Estado; especialmente cuando esas regiones no son -ni han sido- colonias de una metrópoli occidental.

Ahora es cuando toca hablar de historia. En el primer caso, Escocia e Inglaterra unieron sus parlamentos en uno en 1707 con el llamado "Act of Union". En cuanto a Cataluña, el Condado de Barcelona -cuyos límites en su apogeo alcanzaron a una importante parte de la región, mayor de la mitad- podría ser considerado lo más parecido a un "estado ancestral" al que retrotraerse cuando hablamos del caso catalán. Dicho condado se incorporó voluntariamente, mediante una unión dinástica, al reino de Aragón, constituyendo el inicio de la Corona de Aragón; dicha Corona se uniría en 1492 a Castilla, formando así el Reino de España, primer estado-nación europeo. Así, podemos observar como el Reino de León, unido al antiguo condado de Castilla, goza de la misma posición que el condado de Barcelona -unión a un ente unido posteriormente a otro para crear España-. ¿Consideran ustedes a León una colonia?

¿Dónde está, entonces, la colonización de Cataluña? El independentismo catalán la sitúa en la guerra de sucesión española; una guerra dinástica en la que las distintas potencias europeas participaron para apoyar a su candidato al trono español entre dos casas: los Austrias y los actuales Borbones. Los Borbones defendían un nuevo modelo de estado, en el que un derecho nacional, que no hiciera distinción por territorios, sustituyese a los distintos derechos medievales de los diferentes reinos, desterrando los últimos vestigios del feudalismo europeo -muy presentes en los derechos forales-.

Como suele suceder en estas cosas, contra el cambio se resiste quien se ve perjudicado por él: en este caso, entre otras, la burguesía y nobleza catalana. Temiendo perder los privilegios feudales construidos por sus predecesores, diversos reinos de España, acostumbrados al modelo pseudomedieval de los Austrias del que sin duda se beneficiaban, se alinearon con el candidato de la Casa de Austria. La guerra fue cruenta y terminó con la toma de Barcelona (en 1714), tras la cual se dictaron los Decretos de Nueva Planta, que derogaban los derechos medievales de los distintos reinos de España. Una guerra civil, y una facción vencedora. No sería la primera ni la última vez en nuestro país. ¿Una colonización de Cataluña que, como pueblo todavía oprimido por la metrópoli castellana, merece un "derecho de autodeterminación" que los libre de sus cadenas? Resulta interesante observar cómo cuando, cien años después (1808), Napoleón ofreció a Cataluña anexionarse a un imperio más avanzado y moderno, los catalanes se echaron al monte como el resto de españoles, convirtiéndose en los primeros en derrotar al entonces invicto ejército francés en la batalla del Timbaler del Bruc. Otro dato que suele obviarse es la entrega del monopolio de comercio de los textiles a Cataluña, como parte de una política económica española de carácter general que benefició enormemente a la región, protegiéndola de los efectos de sucesivas crisis que mermaron la industria del resto del país.
¿Les huele a colonia? A mí tampoco.

El camino equivocado

A 8 meses del referéndum, en Escocia el "no" a la independencia oscilaría en torno al 68%. ¿Estamos haciéndolo mal en España? Quizá la estrategia del Gobierno basada en una negación absoluta y la evitación del debate tan sólo sirva para provocar más victimismo, que se traduce en mayor independentismo.

Mientras en el Reino Unido el Gobierno decide la pregunta y los votantes, aquí Artur Mas y Junqueras deciden a la carta, estableciendo la edad en 16 para que los chavales recién salidos de una escuela pública adoctrinadora corran a engrosar el "sí", y estableciendo trampas como la del "doble no", que sencillamente no será contabilizado. Por otro lado, la Generalitat engaña a sus ciudadanos con la contabilización de la deuda y los recursos públicos con los que Cataluña supuestamente contaría de independizarse. Los famosos 16.000 millones que son realmente 800 millones, como bien demostraban el otro día Josep Borrell y Joan Llorach (enlace abajo). 

Mientras, en Canadá las promesas del oro y el moro son lavadas con la ducha de agua fría de una regulación sensata y justa sobre la secesión, entrando en cuestiones cruciales como las de qué tienen que decir el resto de canadienses o cuál es el reparto de los bienes comunes. Una cuestión interesante es que establece que las comunidades dentro del territorio de Quebec que decidieran quedarse en Canadá tienen el mismo derecho a decidir qué quieren para su futuro que los lugares donde gana el "no". Todo apunta a que en la provincia de Barcelona el "no" ganaría... ¿Tienen Junqueras y compañía el derecho a separarlos de nosotros por el margen tan estrecho con el que tienen previsto ganar -si lo hacen- en el resto de Cataluña? ¿O es que porque no puedan permitirse una estado catalán sin Barcelona hay que obligar a los barceloneses a un cambio radical del statu quo, contra el que encima se han pronunciado mayoritariamente en contra?

Con el establecimiento de unas reglas de juego se evita la desfachatez del "ya que no hay vía, la hacemos nosotros como nos venga en gana". Se acaba con la "secesión a la carta". Con el debate y la confrontación del problema, como en el Reino Unido, se protege a los ciudadanos frente a las falsedades de una propaganda unilateral. Deberíamos tomar nota.

http://elpais.com/elpais/2014/01/19/opinion/1390153695_441521.html

"Federalismes"

Hoy, el PSOE vuelve a la carga con el "necesario cambio al federalismo". Ahora, según se ve, pretenden "liderarlo" ellos mismos.

Sería conveniente apuntar antes de afirmar lo anterior que España es, de facto, señores socialistas, un estado federal. En efecto, el Estado de las Autonomías se desarrolló hace tiempo en un estado federal, con la sencilla característica de no contar con el tradicional "sistema de las dos listas".

El cambio a "federalismo" que proponen no es más que un cambio de nombre, acompañado quizá de tres matizaciones que, si bien implementadas con buena fe pueden mejorar la actual configuración, en este momento son la menos importante de las reformas que necesita nuestro país -y créanme que no son pocas -.

El problema de España no está, en realidad, en el continente de la distribución territorial, sino en el contenido; en la insostenible duplicidad y la disparatada falta de control del ejercicio de las competencias cedidas a las Comunidades autónomas, especialmente en materia de educación y sanidad.

Resulta revelador observar que, mientras proclaman ustedes tal cambio "revolucionario" (que no lo es verdaderamente), con la otra bloquean una de las iniciativas más reformistas que se están intentando llevar a cabo en este momento: la reforma de la Ley Electoral en Asturias. La reforma protagonista en el pacto de gobierno con Izquierda IU y UPyD, sin la cual no habrían podido formar gobierno en la comunidad y que, ahora deciden convenientemente ignorar.

Por ello, les recomiendo que dejen de llenarse la boca con "federalismos" y que al mismo tiempo, si de verdad ansían recuperar apoyos entre la ciudadanía, comiencen a proponer verdaderos cambios (o como mínimo a dejar de bloquearlos).

Sustituyan, en fin, la maquiavélica razón de estado por el necesario sentido de estado y de paso, ya que están, propongan reformas de calado que ayuden a salir de la actual situación.

Tributación asimétrica

Querida Alicia Sánchez Camacho:

No creo en favoritismos. Y mucho menos cuando hablamos de una Hacienda Pública arruinada y que, ya a día de hoy, discrimina entre españoles; que permite que tengas derecho a una porción mayor del pastel por vivir en el País Vasco o Navarra.

Cierto; el sistema tributario español necesita reformas. Pero debe reformarse con todos y para todos. La Comunidad de Madrid aporta al resto de España más del doble de lo que lo hace Cataluña -con menor carga impositiva, por cierto-, creo que también tenemos algo que decir.

Quizá lo necesario para enfrentar el desafío soberanista no sea una renegociación particularizada e injusta como la que usted propone, sino una sincera y sencilla explicación al pueblo catalán. Quizá se pueda intentar hacer entender a los adalides del "Espanya ens roba" que el desastre en las cuentas públicas catalanas proviene de las embajadas innecesarias, el agujero negro de Spanair, los consejos comarcales, los tribunales duplicados, los viajes a Rusia con séquito de tres cifras, el cachondeo de las ITV, la estafa del Palau de la música y, en general, de más de 30 años de los mismos partiendo el bacalao en el chiringuito nacionalista.

No es difícil de imaginar que su objetivo con esta propuesta no es otro que el de obtener rédito electoral. Por ello, permítame darle un consejo: si le preocupa la caída de su partido en las encuestas, si le asusta que Ciudadanos esté recogiendo gran parte de los votos que usted pierde... ¿por qué no intenta aprender de ellos y comienza a defender el interés general de los catalanes y del resto de españoles?

Al fin y al cabo, es para lo que recibe su sueldo.

Verdaderas Reformas

Toca pensar diferente. Cada crisis es distinta; generada por motivos distintos, provoca distintas consecuencias. Y sin embargo todas tienen algo en común. Delatan que algo está mal. Que algo no funciona.

Al filo del año 2013, España lleva ya cuatro años de crisis económica. Las razones las conocemos. Las consecuencias también. Los medios de comunicación, cada día más sensacionalistas, prefieren  hablar de las segundas. Les gustan más. Cada día, telediario, periódicos y radio nos bombardean con decenas de nuevos conflictos, actos de violencia y protestas, surgidas de lo que Bruselas llama “medidas de austeridad”, el ciudadano de a pie “recortes” o el Gobierno, utilizando su eufemismo favorito, “reformas”.

El ejecutivo de Mariano Rajoy suele adornar el término, frecuentemente, con la coletilla de “que España necesita”: es decir, las “reformas que España necesita”. Y me pregunto, como todos: ¿Son esas las reformas, si es que pueden llamarse así, que nuestro país necesita?

Como decía todas las crisis tienen, junto al vicio conformado por la maraña de inconvenientes, desgracias y tragedias que generan –y especialmente en ciertos colectivos-, una concreta virtud: suelen fomentar el pensamiento crítico de la sociedad. En 2007, antes de que todo empezara, nadie o casi nadie ponía en tela de juicio la calidad de la democracia, separación de poderes o modelo político-territorial de nuestro país.

No es una virtud, por triste que sea en el contexto en el que surge, que podamos despreciar. De ella depende nada menos que la forma de salir de la situación en que nos encontramos.

Hace pocos días, Mariano Rajoy ha vaticinado una “estabilización” de la caída de la economía española en 2013 y un tímido crecimiento en 2014, todo ello como preludio de la soñada recuperación económica que, afirma, vendrá en los años siguientes. No soy, por mi experiencia reciente, propenso a aceptar las previsiones de “brotes verdes” provenientes de Moncloa, pero supongamos que nuestro Presidente del Gobierno no se equivoca. Supongamos por un momento que, en cierto modo, lo peor de la crisis está cerca de terminar... Con todo lo que hemos vivido estos últimos años, ¿son las “reformas” del Gobierno, después de todo, las verdaderas y únicas reformas que queremos ver en nuestro país? Hemos pagado un precio muy alto por una crisis generada al otro lado del Atlántico, ¿de verdad queremos salir de ella –y salir no significa salir bien- sin al menos cambiar aquello que no funciona?

El pensamiento crítico que ha despertado en nuestro país ha acabado destapando decenas de reformas verdaderamente necesarias. Reformas, aclaro, que ni son ni nunca han sido sinónimo de reducciones presupuestarias.

Nuestros partidos políticos tradicionales, como consecuencia del sistema electoral de listas cerradas y de una mala praxis generalizada, se gestionan antidemocráticamente. Están formados por diversos grupos de poder que, lejos de premiar el mérito y el esfuerzo, aplauden la obediencia ciega a la agenda de la cúpula dirigente y castigan la divergencia de opinión de sus miembros -aun razonada y razonable-, sobreponiendo siempre el interés personal y partidario al interés general del país, de los ciudadanos. Las consecuencias son, además, especialmente graves si tenemos en cuenta la excesiva infiltración de éstos en las principales instituciones de nuestra democracia.

Nuestro poder judicial se halla vinculado, en su cumbre, a ese mismo interés partidario. La cúpula del poder judicial, formada por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, es nombrada por los partidos políticos mayoritarios. El Fiscal General del Estado, por su parte, es nombrado directamente por el Gobierno, lo que debido a la estructura piramidal de la fiscalía española otorga casi de facto el control de ésta al ejecutivo de turno.

Asimismo, la deficiente regulación y la inexistencia de un sistema de control de los indultos gubernamentales ha dado lugar, potenciado por esa jerarquía de intereses de la que hablábamos –primero yo, luego el partido, después el país-, a un uso absolutamente arbitrario de éste. Indultos injustificados e injustificables, producidos al antojo del gobierno de turno y, por supuesto, sin conexión alguna con los presupuestos lógicos de esta institución.

A todo ello debemos sumar la progresiva infiltración de la figura del Secretario judicial en nuestra jurisdicción. A este funcionario –directamente dependiente del Ministerio de Justicia, y por tanto del Gobierno- se le han ido otorgando, sistemáticamente, más competencias dentro de los procesos jurisdiccionales, reduciendo la tradicional competencia del Juez –únicamente sujeto a la Ley-.

El Tribunal Constitucional, garante máximo del respeto a las reglas de juego de nuestra democracia por parte de los poderes públicos, ve nombrados sus miembros por los partidos políticos mayoritarios. Esto lleva no sólo a una peligrosa vinculación con los dos principales partidos, sino también, en ocasiones, a la publicación de las mismas en el momento más conveniente para éstos. Lo último ha dado lugar con frecuencia a situaciones absolutamente bochornosas en que sentencias importantes tardan seis o siete años en declararse –como ha sucedido con la reforma del Estatut catalán o la aprobación de los matrimonios homosexuales-.

Esa tardanza se ve agravada por la inexistencia de un control previo de constitucionalidad. En España, una ley puede entrar en vigor y producir efectos aún siendo inconstitucional. Sólo a posteriori puede revisarse la adecuación de la ley a la Constitución, permitiéndose así que que leyes radicalmente inconstitucionales –como la de tasas judiciales que acaba de publicarse- se mantengan en vigor durante los prolongados periodos de tiempo a los que los jueces del Tribunal Constitucional nos tienen acostumbrados a esperar.

Nuestra administración es ineficiente, derrochadora y está duplicada en muchísimos puntos. Gran parte de sus organismos y empresas públicas son, además de costosos, absolutamente inútiles, y sirven exclusivamente para colocar personas cercanas a los miembros de los grupos políticos mayoritarios.

No existe en nuestro país un verdadero sistema de depuración de responsabilidades por la mala gestión política de administraciones, organismos y empresas públicas. Esto ha dado lugar a un uso irresponsable y arbitrario de muchos cargos por políticos que, no teniendo nada que perder, han utilizado conforme a sus intereses los recursos de estos organismos –pagados por todos los españoles-, endeudándolos de manera desorbitada cuando no llevándolos directamente a la quiebra. A financiar dicho festín de endeudamiento ha contribuido especialmente, como es de sobra conocido por todos, la indiscriminada infiltración de políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro.

El Tribunal de Cuentas, que como máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas debería tender a evitar los desbarajustes presupuestarios de las administraciones, carece de competencias directas.  Tan sólo puede emitir dictámenes que no vinculan a nadie. Así, aún en los casos más evidentes y graves, tan sólo puede “sugerir” o “recomendar” la línea de actuación. Sus miembros, por supuesto, son nombrados por los partidos políticos mayoritarios.

El Sistema Electoral español, además de limitar sustantivamente las posibilidades de cambio en la política española, es verdaderamente injusto. A la Ley de Hond’t, que de por sí no es el más justo de los sistemas de reparto de escaños, se le suma el problema de la circunscripción provincial. Dicho modelo genera una exagerada sobrerepresentación del medio rural español, haciendo que el voto de un ciudadano madrileño o barcelonés valga bastante menos que el de uno soriano o cacereño. No es necesario hablar también, por supuesto, de las múltiples barreras a la entrada en el Parlamento de partidos nacionales minoritarios.

El problema se agrava con el sistema de financiación pública de partidos, que otorga el dinero en función de los resultados en las anteriores elecciones. Esto dificulta sumamente la aparición de nuevas opciones en el espectro político español -algo crucial para la reforma del panorama político actual-. A ello hay que sumarle el peligro generado por la inexigencia de transparencia en la financiación privada de los partidos, cuyos colaboradores financieros son en gran parte de los casos desconocidos por la opinión pública.

* * *

Y así, existen en nuestro país cientos de ejemplos parecidos, circunstancias que es urgente corregir   –número de ayuntamientos, politización de cajas de ahorros y bancos nacionalizados, modelo energético,  Ley Hipotecaria, funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia, Senado, modelo educativo, privilegios fiscales regionales, “tasas judiciales” y un larguísimo etcétera-. Todas ellas forman parte de las verdaderas “reformas que España necesita”, algo completamente distinto e independiente de las políticas de estabilización presupuestaria.

Todas las crisis fomentan el pensamiento crítico de la sociedad, y nuestro país no es una excepción. Es la virtud que emerge en el océano de vicios de una crisis. Una virtud que, sin embargo, por sí sola sirve de poco. La mera percepción del problema tiene que ir acompañada de un impulso reformista, de un verdadero y efectivo cambio. De lo contrario, saldremos de esta crisis habiendo perdido mucho, pero ganado nada.

El Partido Popular, principal abanderado de un cambio de política durante los últimos ocho años, ha perdido ya la confianza de sus votantes. La política se convierte por primera vez, según el CIS, en el tercero de los problemas de los españoles –y no hay precisamente pocos entre los que elegir-. Desvanecida ya la ilusión del nuevo gobierno -el que hace un año te pedía que te “sumaras al cambio” y un año después todavía no se ha sumado- es necesario cambiar de criterio. Es necesario propiciar un cambio. El desasosiego y el desencanto de la ciudadanía es natural, pero no debe convertirse en el principal obstáculo, cuando las urnas vuelvan a llamarnos, para el verdadero cambio al que tenemos que sumarnos todos los españoles. Un cambio que todavía sigue, a pesar de todo, en nuestras manos.

"La pela es la pela"

  El pasado domingo salió a la luz la entrevista realizada al señor Artur Mas i Gavarró, presidente de la Generalitat de Cataluña, por el ya muy reputado periodista Jordi Évole, en su programa Salvados. 

  El objetivo de la entrevista al polémico President era arrojar algo de luz sobre las razones y motivaciones que le han llevado a abrir, mediante la promesa de un referéndum, el debate independentista en Cataluña. 

  El político catalán fue claro pero sobretodo, y lo que es muy de agradecer, sincero. Admitió que, de haber conseguido en Madrid el llamado "Pacto Fiscal" el día 20 de Septiembre, nunca hubiera convocado elecciones y presentado su candidatura a las mismas como "el President que conseguirá el referéndum". Lo que posiblemente no calculó fueron las consecuencias de no haber controlado aquel arrebato de sinceridad con el amistoso periodista, ya que lo dicho contradice lo que tan enérgicamente venía diciendo las últimas semanas. 

  En sus declaraciones durante la Diada del 11 de Septiembre (las primeras en que aparecía flanqueado únicamente por la bandera catalana y la de la Unión Europea -omitiendo la española, como es práctica ya habitual-) aseguró a los catalanes que la voz del pueblo catalán sería escuchada en las urnas. Posteriormente, no ha cesado de repetir, hasta la saciedad y con cierto aire de amenaza, la sugerencia al Gobierno de España de que "deje hablar a Cataluña", que "escuche el clamor de los catalanes".

  Y sin embargo el 12 de Octubre, día en que se llevó a cabo la entrevista, admitiría que de no haber sido por la negativa de Rajoy a otro vergonzoso pacto fiscal como el vasco y navarro, no habría iniciado el "proceso de consulta a los catalanes". En resumidas cuentas, que si le hubieran dado a elegir entre el dinero o la independencia, se habría quedado con el dinero. 

  ¿Dónde queda entonces la voluntad de Convergencia i Unió de "escuchar al pueblo", la exigencia al Gobierno central de hacer lo mismo? ¿Dónde ese "sentiment" patriótico en torno al cual orbitan los discursos del señor Mas? ¿Y ese anhelo por la "libertad" del pueblo catalán? La respuesta es sencilla: para Mas, como bien dice el refrán catalán, "la pela es la pela". 

  A poca gente ha sorprendido la confesión del President, cuyo partido solo ha entrado en el club independentista cuando ha constatado la negativa del Gobierno a otro Pacto Fiscal que rompa la igualdad entre españoles. Pero la pregunta es: ¿Piensa el pueblo catalán de la misma manera? 

  En la actual coyuntura cada día más gente -periodistas, sociólogos, intelectuales, políticos...- es propensa a pensar que la verdadera razón del auge independentista de los últimos meses en el pueblo catalán es, mayoritariamente, un mero interés económico.... Los argumentos a favor de dicha tesis, tristemente, cada vez ganan más peso.

  En primer lugar, no olvidemos lo sucedido con la polémica reforma del Estatuto de Autonomía en 2006. Auspiciada y patrocinada por los principales partidos catalanes, la reforma del estatuto pretendía potenciar considerablemente la independencia política de Cataluña respecto al resto de España. Cataluña asumiría un número considerablemente mayor de competencias legislativas y ejecutivas, se creaba una suerte de "tribunal constitucional catalán" destinado a salvaguardar el cumplimiento del Estatut (completamente innecesario por cierto) e incluso se pretendía dotar de un tribunal supremo a la jurisdicción catalana. La existencia de una mayor autonomía política venía siendo una reivindicación legendaria de los partidos catalanes mayoritarios desde el comienzo de la transición, con lo que se esperaba un total arrase del SÍ en el referéndum convocado al efecto. Sin embargo, el esperado día del referéndum, tan sólo el 36.51% de los catalanes acudió a los colegios a votar a favor, absteniéndose un alarmante 50.64% de la población de acudir a la cita. Otro 2.64% lo conformarían los votos nulos o en blanco y un 10.21% los que votaron en contra. A la vista de los números parece indiscutible afirmar que, hace tan sólo seis años y cuando la crisis no nos había azotado aún, un aplastante 63.49% por ciento de los catalanes o estaba en contra o bien pasaba olímpicamente de una mayor independencia de Madrid. Por contra y haciendo algo de memoria, la Constitución española fue aprobada por algo más del 60% de los catalanes. Es decir, que no ya la independencia pura y dura, sino una mera "mayor autonomía política catalana", no le importaba a más de la mitad de los catalanes lo suficiente como para levantarse del sofá y pasear hasta el colegio más cercano.

  En segundo lugar se encuentran las encuestas recientes. La principal de ellas, encargada por el periódico La Vanguardia -principal portavoz a día de hoy del nacionalismo independentista en Cataluña-, destacaba en su pagina web los resultados de ésta, que arrojaban que tan sólo el 27.1% de los catalanes se siente "tan solo catalán". La encuesta había sido encargada a la empresa Fedback como consecuencia de la manifestación de la Diada. El periódico catalán pretendía hinchar aún más el globo independentista estrenado en la manifestación, reflejando con su encuesta una mayoría arrasadora de catalanes que no se consideraban españoles. La realidad fue otra así que, al poco de ser colgada, la noticia fue "curiosamente" borrada de su página web.

   La que no fue eliminada, sino más bien ampliamente comentada y desarrollada, fue la noticia acerca del otro dato de la encuesta, el que reflejaba que un 51% de los catalanes votaría en ese momento a favor de la independencia. Es decir, que existe en Cataluña un 24% decisivo de ciudadanos -subrayo lo de decisivo- que aunque se sienten españoles (en mayor o menor medida) hubieran dicho sí a la secesión de la Comunidad. Un 24% de personas que se independizarían, como se desprende de la aceptación de un sentimiento de pertenencia a España, meramente "por la pela". Alarmante. Otra cuestión es si la independencia constituye realmente la solución a la situación económica actual en Cataluña, pero no puedo evitar recordar lo que diría Jordi Évole, el periodista que realizó la entrevista al President, días después del encuentro. En un artículo en el diario catalán "El Periódico", en que analizaba sus conclusiones sobre la entrevista, escribiría: "Creo que los verdaderos independentistas son aquéllos que incluso prefieren ser pobres a depender de Madrid; a los que pretenden la independencia para ser más ricos, en mi opinión, les interesa más la riqueza que la independencia." 

                                 

   He oído decir con frecuencia, tanto por catalanes como por personas que han vivido en Cataluña, que la extendida fama de "tacaños" de los catalanes es injusta, a la par que inmerecida. Cuando llegue el día del referéndum -en algún momento de los próximos cuatro años- espero de todo corazón que los catalanes que forman parte de esa amplia mayoría que se siente integrada en España, los que no forman parte de esos "verdaderos independentistas", impidan que se dé, lamentablemente, la razón a los que predican esa fama.

Un Día de la Hispanidad

   Ayer, 12 de octubre, fue Día de la Hispanidad, la también llamada “fiesta nacional”. El día de la “Hispanidad”, es decir, el día de los españoles. Así que España entera se toma el puente y disfruta de unos cuantos días con los suyos; algunos viajando -los que tienen suerte estos días- y otros simplemente descansando.

 Pues bien. El día de la Hispanidad me levanto por la mañana y decido -¿por qué no?- colgar una bandera de España, como muchos españoles, de la ventana. Cojo el teléfono y lo comento con un amigo, que disfrutaba en Granada de la impresionante vista de la Alhambra (en la que se encontraba aprovechando el puente, claro). Me responde: “Ah, ¿que es hoy la mierda esa?”. La verdad es que no me sorprendió.

 No es más que el vivo ejemplo de una cuestión particularmente “curiosa” y lamentablemente característica de nuestro país. Digo curiosa porque es así como se ve desde fuera, como lo ven los extranjeros, además de con asombro, claro. Lo he podido comprobar múltiples veces, hablando con gente de distintos lugares -por citar algunos: italianos, mexicanos, indios, venezolanos, estadounidenses, etcétera-.

  Y es que es normal asombrarse. En nuestro país se confunde permanentemente orgullo o patriotismo con ignorancia, fascismo e intolerancia. Es algo totalmente absurdo -patético incluso, si se me apura-, que es muy sencillo ver desde fuera, y muy difícil, parece ser, desde dentro. Se trata de una de las muchas cruces que cargamos, como españoles, desde la guerra civil. Uno de esos prejuiciosos complejos que tenemos, como sociedad, aceptados.

  “¿Es hoy la mierda esa?”, me decía un español, en el día de los españoles. Sí, el día de España y de los españoles; no de Franco, ni de Primo de Rivera, ni tampoco de la Falange Española de las J.O.N.S. Para ellos había otros días; el 18 de Julio se conmemoraba el “alzamiento nacional” -se conmemoró hasta el año de 1977- y el 20 de noviembre se celebra el aniversario de la muerte del “Generalísimo” y  de José Antonio Primo de Rivera.

 Yo pertenezco a la década de los noventa. He nacido en una España democrática, plural, moderna e integrada en el seno de la Europa de los quince. En esa España tenemos otro día nacional, el 12 de octubre, que se colocó en tal día por la sencilla razón de tratarse de la fecha de un acontecimiento que cambiaría radicalmente la historia del pueblo que vivía donde lo hacemos nosotros, que acabaría definiendo nuestra cultura, nuestras costumbres, como nación.

 De la misma manera en que no se puede entender la Francia de la actualidad sin el periodo napoleónico, sin la Revolución de 1789, no se puede entender la España en que vivimos, nuestra cultura, nuestra identidad, sin el descubrimiento de América –ayer se cumplieron, por cierto, 520 años del mismo-. Tampoco se podría pretender comprender la sociedad mexicana, la peruana, la argentina, sin aquel día. Es por eso que el 12 de octubre se celebra también en Iberoamérica, bajo un nombre distinto. El llamado "Día de la Raza".

 Yo he nacido, repito, en la década de los noventa; soy un madrileño, y español, del siglo XXI. Como tal, me niego a aceptar el monopolio de la bandera española por parte de la derecha más rancia e intolerante de nuestro país, y por eso, entre otras razones, la colgué ayer de la ventana. Me niego, de la misma manera, a aceptar que personas nacidas en el mismo lugar y tiempo que yo caigan en el absurdo de considerar al patriotismo español un fascismo camuflado y al que provenga de cualquier otro lugar del mundo en un fenómeno, si no admirable, comprensible.

 No creo que haya nada de malo en sentirse orgulloso del lugar en que has nacido, del idioma que hablas, de las costumbres de tu país, mientras no caigas en el deplorable hábito de excluir, por ello, lo diferente; de despreciar lo distinto. Eso se llama nacionalismo, y es otra cosa muy distinta. Charles De Gaulle solía decir que para un patriota el amor a su pueblo es lo primero, mientras para un nacionalista lo primero es el odio a los demás. Yo soy, y me enorgullezco de serlo, un español orgulloso, un patriota.

 Conozco gente que defiende que su patria es su familia; su país, su gente. Me parece una opinión perfectamente respetable, aunque no la comparto. Yo veo a mi país como a mi país, a mi familia como mi familia y a mi gente como a mi gente. Quizá haya sido el hecho de pasar casi la mitad de mi vida fuera de España (hay quien dice –en mi opinión con mucha razón- que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes) o quizá se trate de otra razón; soy, lo admito, un romántico incurable. Lo que es indudable es que las cosas se ven desde una perspectiva diferente cuando has vivido un tiempo fuera del que ha sido tu hogar.

 He celebrado los triunfos de atletas y deportistas españoles, representantes de nuestro país en competiciones internacionales –competiciones en las que, paradójicamente, nos encontramos en nuestro mejor momento, en contraste con nuestro actual escenario económico y social-. He disfrutado, henchido de orgullo, viajando por mi país y dándoselo a conocer a personas de otras partes del mundo, saboreando sus elogios hacia nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra literatura, nuestra forma de ser y entender la vida. Y me pregunto: ¿tiene sentido que alguien me pueda llamar fascista por ello? Al igual que la gente de fuera de nuestro país, pienso que no.

 En España todavía existe mucha gente que no sabe diferenciar entre patriotismo y nacionalismo español -entre los de otros sitios sí, faltaría más-. Gente a la que le parece que el nacionalismo excluyente que existe en Cataluña y el País Vasco (lo de prohibir los toros y no los “correbous”, lo de impedir que existan escuelas públicas en las que se estudie en español, lo de multar a taxis que saquen la bandera española celebrando el mundial, lo de  atormentar por la calle a un padre y a su hija por sentirse catalanes y españoles...), se llama “sentiment” -o “sentitzen” en el caso vasco-, y es algo respetable, mientras que el nacionalismo español es la ideología más repugnante posible. Gente que ve la celebración de la Diada de Catalunya como una tradición loable y digna pero el día de la Hispanidad como una fiesta de fascistas, “la mierda esa”.

 Nacionalismo es nacionalismo, regional o nacional, español, catalán o vasco. Una ideología, a mi parecer egoísta y reprochable, que Albert Einstein definió acertadamente como “una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad”. El amor a tu tierra y a tu gente, el patriotismo, es algo muy distinto que, aunque alguna gente pueda no compartir, es digno del mayor de los respetos. Y también me refiero, por supuesto, al patriotismo de cualquier catalán que vea a su región como algo radicalmente distinto del resto de España, siempre y cuando sea una persona que tolere y respete a las demás personas que no piensen de la misma manera, que no les insulte y les llame traidores –como cierto cargo en la Generalitat- por ver las cosas de manera diferente. Otra cosa es que pueda considerar sus argumentos acerca de la "nación histórica catalana"o los "països catalans" carentes del rigor histórico suficiente para fundamentar su opinión, pero ese es otro debate.

 Fascismo y nacionalismo son, en fin, cosas muy distintas del sentimiento patriótico, tan natural y común en el ser humano, y perfectamente compatible con el pluralismo democrático. Cosas, como digo, tan diferentes entre ellas como iguales en cada parte del mundo, o de España. El nacionalismo catalán, lo que vimos el otro día en Plaza Universitat con aquel padre y su hija, es tan lamentable como las agresiones de ultras neonazis a inmigrantes en Madrid. Es lo mismo. Y sin embargo mucha gente en España prefiere, mientras se llena la boca condenando a partidos fascistas como España 2000, no posicionarse contra el nacionalismo excluyente en Cataluña y País Vasco, no vaya a ser que se le confunda con uno de esos "fachas garantes de la unidad de España" y se entienda que, en lugar de ser simplemente una persona congruente para la que una ideología significa lo mismo en Madrid que en Barcelona, es otro fascista más que todos los días, envuelto en una bandera "preconstitucional" y exaltado ante la visión del amanecer, canta a todo pulmón el Cara al Sol. 

 Mientras tanta gente en España siga cayendo por prejuicios -arcaicos ya- en el absurdo cainismo de condenar con una mano el patriotismo democrático y aceptar con la otra el fascismo regional, de despreciar un día de la Hispanidad pero sonreír con cinismo ante las pitadas del Camp Nou o la quema de banderas, seguiremos estando a la cola de Europa, acomplejados por nuestro pasado y despreocupados de nuestro futuro. ¿Cómo podemos pretender que confíen en nosotros en el exterior, cuando no confiamos ni en nosotros mismos, cuando se ve como algo malo estar orgulloso de tu país pero algo moderado aceptar el fascismo, si éste es a nivel regional?  

 Creo que llegado el momento de desprendernos de complejos antiguos e incongruentes, de empezar a pensar en nosotros y en nuestro país, o no vamos a salir nunca de la crisis política y social en que nos encontramos.