Razón contra Estómago

Los mercados hablan; los riesgos para la economía española y su recuperación van a venir de la política el año que viene. Ya se empieza a recomendar, desde agentes económicos de peso considerable en el entorno internacional, invertir en otros países periféricos europeos con escenarios previsibles de mayor estabilidad política (enlace abajo). "Podemos", al parecer, no es ningún juego para los inversores. Cataluña tampoco.

Cuando la recuperación en España parecía estar llegando, ahora todo parece ponerse nuevamente en riesgo. Al estancamiento de las principales economías europeas se suma, como otro factor de peso, la esperada inestabilidad política derivada de los cada vez más cercanos procesos electorales del año que viene. E incardinada en dicha inestabilidad, por qué no decirlo, se encuentra el esperado crecimiento de una formación que defiende, entre otras cosas, dejar de pagar cierta parte de la deuda. ¿Qué está ocurriendo?

Creo que en España se nos da muy bien lo de tender a los extremos. ¿Por qué si no la Segunda República terminó con una guerra entre comunistas y fascistas? ¿Por qué, por poner otro ejemplo más actual, unas elecciones para rector de la complutense se van a segunda vuelta entre los candidatos situados en los extremos, y no entre otros más moderados? 

Porque, como suele suceder en los países latinos, nuestra tendencia natural es a pensar con el estómago y el corazón -para lo bueno y para lo malo-. Preferimos dar carta blanca al que nos provoca un sentimiento que razonar sobre sus propuestas. Así nos creímos a Rajoy cuando "no iba a tocar la sanidad ni las pensiones" y así nos creeremos a Pablo Iglesias cuando nos diga que el Estado es viable de seguir sus políticas en solitario. Nunca me he fiado de aquellos que dicen una cosa en una sala y otra bien distinta en la siguiente.

Yo respeto todos los puntos de vista (o al menos todos los que alcancen un cierto grado de tolerancia) pero creo, sinceramente, que en España ni todos los que han votado al bipartidismo apoyan el actual sistema ni todos los que empiezan a animarse a apoyar a Podemos comparten la ideología de Pablo Iglesias. Entonces, ¿por qué vemos ese crecimiento en su formación? Porque, una vez más, vamos a acudir a votar con el estómago y el corazón. Y sin embargo la experiencia nos ha enseñado que, si hay algo que merece la pena decidir con la cabeza, es el futuro de tu país.

Creo que he dejado claro, en reiteradas ocasiones, mi descontento con el sistema político español actual y su funcionamiento. Si me preguntas cuál de las dos opciones -partitocracia o Podemos- me parece mejor, te diré que si hay algo que tenemos casi todos tenemos claro es que necesitamos un cambio. Y muy grande.

Sin embargo, creo sinceramente que lo que los españoles reclaman no es un cambio en el sistema económico, sino un cambio en el sistema político. Un cambio tan radical que, por supuesto y como es perfectamente posible, sentaría las bases para los grandes cambios que necesitamos ver también en los resultados económicos, en la vida de la gente, en fin.

¿Estado social? Por supuesto que sí; hasta donde llegue el presupuesto. Y para contar con los medios suficientes en ese presupuesto hay que tener mucho cuidado con intentar remar a contracorriente en solitario en un mundo globalizado (especialmente siendo un país sin independencia energética). Pero -y esto me parece lo más importante de todo-, si ya es peligroso tomar esa decisión con la cabeza, muchísimo más lo es tomarla con el estómago.

Este no es el "discurso del miedo" del que hablan algunos. El miedo es la antítesis de la razón, es el fin de la libertad para pensar y razonar. Yo no invito a la gente a condenar sin tapujos a Pablo Iglesias y a su partido; lo que defiendo es que no se fíen a ciegas de la persona, del discurso, que vayan al análisis de las propuestas concretas, escuchen todas las opiniones posibles y decidan por sí mismos. Si, al final de ese proceso, "Podemos" y su proyecto les parece el mejor para nuestro país, invito a todo el mundo a que vaya a votar con decisión y con la cabeza bien alta.

http://www.elmundo.es/economia/2014/11/07/545bf1f2268e3e634d8b4586.html

"Dobles discursos" y otras contradicciones

El señor Pablo Iglesias se presentó ayer, delante del programa de debate político de mayor audiencia en nuestro país, como el "cambio socialdemócrata necesario", como el redactor de un programa de gobierno (y cito textualmente) "que cualquier socialdemócrata europeo de los años 80 hubiera suscrito".

Todo ello ante la pantalla de una cadena (La Sexta) que le dedicó enterito el espacio de mayor audiencia televisiva de la semana -vídeos con momentos triunfales y musiquita heroica incluidos-, lo rodeó de periodistas complacientes, ignorantes de la vida y de críticos que casi le hacen más causa que daño.

Personalmente no tengo nada en contra de este señor, y me mantengo al margen de críticas personales o basadas en el mero prejuicio (me gustaría más oír debatir sobre su programa electoral y no sobre su coleta o su sueldo, para ser sincero). Sin embargo, hay una cosa que sí tengo en contra suya: el "doble discurso" que emite y que mucha gente decide ignorar. Comunista revolucionario por la tarde y socialdemócrata reformista y moderado por la noche, en los espacios de mayor audiencia.

Buena prueba de ello son sus debates en "La Tuerka", aunque acabo de encontrar un vídeo-resumen con una selección de intervenciones suyas -enlace debajo- que darían mucho que hablar. Algunas son demasiado cortas para poder apreciar si están sacadas -o no- de contexto (lo cual sin duda más de uno intentará), pero otras son suficientemente claras y cristalinas. Televisiones privadas prohibidas, propiedad privada prohibida... No lo escuché ayer por la noche en "La Sexta Noche". Estaré perdiendo el oído...

Los posibles motivos de una cadena como La Sexta para "catapultar" a Pablo Iglesias al estrellato son discutibles pero ante ante esta y otras declaraciones no queda más remedio que preguntarse cuál de las dos respuestas posibles a este "doble discurso" es la correcta:

a) Es comunista y actúa como demócrata moderado para obtener votos que luego utilizar para convertir a nuestro país en una democracia bolivariana (mentiroso).

b) Su corta experiencia en la política le ha llevado a cambiar de opinión y convertirse en un socialdemócrata de la casta que no defiende el fin del capitalismo (mentiroso y traidor a los ideales que tantas veces expuso con anterioridad).

Ninguna de las dos me gusta. Escojan ustedes.

https://www.youtube.com/watch?v=ovQyfpW1sYE&feature=youtu.be

Escocia, Cataluña y el Derecho de Autodeterminación

Viene y se va el referendum escocés. Un jarro de agua fría para el nacionalismo europeo, y el catalán en particular.
Cientos de nacionalistas habían viajado hasta Edimburgo para contemplar, ante la mirada estupefacta de la Europa imperialista, el ejercicio de liberación de un pueblo esclavizado por la pérfida Inglaterra durante casi trescientos años.
Y sin embargo, ¿esto es así?

Cuando se habla de "derecho de autodeterminación", y se niega a regiones occidentales pertenecientes a democracias consolidadas, no se hace más que resaltar la doctrina establecida por las Naciones Unidas (principar impulsor del proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial). El derecho de autodeterminación, pocos lo saben, es un derecho concedido a colonias para decidir sobre su independencia -o no- de la metrópoli que las controla. Por ello, la doctrina inmensamente aceptada en el derecho internacional -Sentencia del Caso Quebec- lo niega a regiones de Estados democráticos que gozan de representación y cuya identidad y costumbres son respetadas por el Estado; especialmente cuando esas regiones no son -ni han sido- colonias de una metrópoli occidental.

Ahora es cuando toca hablar de historia. En el primer caso, Escocia e Inglaterra unieron sus parlamentos en uno en 1707 con el llamado "Act of Union". En cuanto a Cataluña, el Condado de Barcelona -cuyos límites en su apogeo alcanzaron a una importante parte de la región, mayor de la mitad- podría ser considerado lo más parecido a un "estado ancestral" al que retrotraerse cuando hablamos del caso catalán. Dicho condado se incorporó voluntariamente, mediante una unión dinástica, al reino de Aragón, constituyendo el inicio de la Corona de Aragón; dicha Corona se uniría en 1492 a Castilla, formando así el Reino de España, primer estado-nación europeo. Así, podemos observar como el Reino de León, unido al antiguo condado de Castilla, goza de la misma posición que el condado de Barcelona -unión a un ente unido posteriormente a otro para crear España-. ¿Consideran ustedes a León una colonia?

¿Dónde está, entonces, la colonización de Cataluña? El independentismo catalán la sitúa en la guerra de sucesión española; una guerra dinástica en la que las distintas potencias europeas participaron para apoyar a su candidato al trono español entre dos casas: los Austrias y los actuales Borbones. Los Borbones defendían un nuevo modelo de estado, en el que un derecho nacional, que no hiciera distinción por territorios, sustituyese a los distintos derechos medievales de los diferentes reinos, desterrando los últimos vestigios del feudalismo europeo -muy presentes en los derechos forales-.

Como suele suceder en estas cosas, contra el cambio se resiste quien se ve perjudicado por él: en este caso, entre otras, la burguesía y nobleza catalana. Temiendo perder los privilegios feudales construidos por sus predecesores, diversos reinos de España, acostumbrados al modelo pseudomedieval de los Austrias del que sin duda se beneficiaban, se alinearon con el candidato de la Casa de Austria. La guerra fue cruenta y terminó con la toma de Barcelona (en 1714), tras la cual se dictaron los Decretos de Nueva Planta, que derogaban los derechos medievales de los distintos reinos de España. Una guerra civil, y una facción vencedora. No sería la primera ni la última vez en nuestro país. ¿Una colonización de Cataluña que, como pueblo todavía oprimido por la metrópoli castellana, merece un "derecho de autodeterminación" que los libre de sus cadenas? Resulta interesante observar cómo cuando, cien años después (1808), Napoleón ofreció a Cataluña anexionarse a un imperio más avanzado y moderno, los catalanes se echaron al monte como el resto de españoles, convirtiéndose en los primeros en derrotar al entonces invicto ejército francés en la batalla del Timbaler del Bruc. Otro dato que suele obviarse es la entrega del monopolio de comercio de los textiles a Cataluña, como parte de una política económica española de carácter general que benefició enormemente a la región, protegiéndola de los efectos de sucesivas crisis que mermaron la industria del resto del país.
¿Les huele a colonia? A mí tampoco.

El camino equivocado

A 8 meses del referéndum, en Escocia el "no" a la independencia oscilaría en torno al 68%. ¿Estamos haciéndolo mal en España? Quizá la estrategia del Gobierno basada en una negación absoluta y la evitación del debate tan sólo sirva para provocar más victimismo, que se traduce en mayor independentismo.

Mientras en el Reino Unido el Gobierno decide la pregunta y los votantes, aquí Artur Mas y Junqueras deciden a la carta, estableciendo la edad en 16 para que los chavales recién salidos de una escuela pública adoctrinadora corran a engrosar el "sí", y estableciendo trampas como la del "doble no", que sencillamente no será contabilizado. Por otro lado, la Generalitat engaña a sus ciudadanos con la contabilización de la deuda y los recursos públicos con los que Cataluña supuestamente contaría de independizarse. Los famosos 16.000 millones que son realmente 800 millones, como bien demostraban el otro día Josep Borrell y Joan Llorach (enlace abajo). 

Mientras, en Canadá las promesas del oro y el moro son lavadas con la ducha de agua fría de una regulación sensata y justa sobre la secesión, entrando en cuestiones cruciales como las de qué tienen que decir el resto de canadienses o cuál es el reparto de los bienes comunes. Una cuestión interesante es que establece que las comunidades dentro del territorio de Quebec que decidieran quedarse en Canadá tienen el mismo derecho a decidir qué quieren para su futuro que los lugares donde gana el "no". Todo apunta a que en la provincia de Barcelona el "no" ganaría... ¿Tienen Junqueras y compañía el derecho a separarlos de nosotros por el margen tan estrecho con el que tienen previsto ganar -si lo hacen- en el resto de Cataluña? ¿O es que porque no puedan permitirse una estado catalán sin Barcelona hay que obligar a los barceloneses a un cambio radical del statu quo, contra el que encima se han pronunciado mayoritariamente en contra?

Con el establecimiento de unas reglas de juego se evita la desfachatez del "ya que no hay vía, la hacemos nosotros como nos venga en gana". Se acaba con la "secesión a la carta". Con el debate y la confrontación del problema, como en el Reino Unido, se protege a los ciudadanos frente a las falsedades de una propaganda unilateral. Deberíamos tomar nota.

http://elpais.com/elpais/2014/01/19/opinion/1390153695_441521.html

"Federalismes"

Hoy, el PSOE vuelve a la carga con el "necesario cambio al federalismo". Ahora, según se ve, pretenden "liderarlo" ellos mismos.

Sería conveniente apuntar antes de afirmar lo anterior que España es, de facto, señores socialistas, un estado federal. En efecto, el Estado de las Autonomías se desarrolló hace tiempo en un estado federal, con la sencilla característica de no contar con el tradicional "sistema de las dos listas".

El cambio a "federalismo" que proponen no es más que un cambio de nombre, acompañado quizá de tres matizaciones que, si bien implementadas con buena fe pueden mejorar la actual configuración, en este momento son la menos importante de las reformas que necesita nuestro país -y créanme que no son pocas -.

El problema de España no está, en realidad, en el continente de la distribución territorial, sino en el contenido; en la insostenible duplicidad y la disparatada falta de control del ejercicio de las competencias cedidas a las Comunidades autónomas, especialmente en materia de educación y sanidad.

Resulta revelador observar que, mientras proclaman ustedes tal cambio "revolucionario" (que no lo es verdaderamente), con la otra bloquean una de las iniciativas más reformistas que se están intentando llevar a cabo en este momento: la reforma de la Ley Electoral en Asturias. La reforma protagonista en el pacto de gobierno con Izquierda IU y UPyD, sin la cual no habrían podido formar gobierno en la comunidad y que, ahora deciden convenientemente ignorar.

Por ello, les recomiendo que dejen de llenarse la boca con "federalismos" y que al mismo tiempo, si de verdad ansían recuperar apoyos entre la ciudadanía, comiencen a proponer verdaderos cambios (o como mínimo a dejar de bloquearlos).

Sustituyan, en fin, la maquiavélica razón de estado por el necesario sentido de estado y de paso, ya que están, propongan reformas de calado que ayuden a salir de la actual situación.

Tributación asimétrica

Querida Alicia Sánchez Camacho:

No creo en favoritismos. Y mucho menos cuando hablamos de una Hacienda Pública arruinada y que, ya a día de hoy, discrimina entre españoles; que permite que tengas derecho a una porción mayor del pastel por vivir en el País Vasco o Navarra.

Cierto; el sistema tributario español necesita reformas. Pero debe reformarse con todos y para todos. La Comunidad de Madrid aporta al resto de España más del doble de lo que lo hace Cataluña -con menor carga impositiva, por cierto-, creo que también tenemos algo que decir.

Quizá lo necesario para enfrentar el desafío soberanista no sea una renegociación particularizada e injusta como la que usted propone, sino una sincera y sencilla explicación al pueblo catalán. Quizá se pueda intentar hacer entender a los adalides del "Espanya ens roba" que el desastre en las cuentas públicas catalanas proviene de las embajadas innecesarias, el agujero negro de Spanair, los consejos comarcales, los tribunales duplicados, los viajes a Rusia con séquito de tres cifras, el cachondeo de las ITV, la estafa del Palau de la música y, en general, de más de 30 años de los mismos partiendo el bacalao en el chiringuito nacionalista.

No es difícil de imaginar que su objetivo con esta propuesta no es otro que el de obtener rédito electoral. Por ello, permítame darle un consejo: si le preocupa la caída de su partido en las encuestas, si le asusta que Ciudadanos esté recogiendo gran parte de los votos que usted pierde... ¿por qué no intenta aprender de ellos y comienza a defender el interés general de los catalanes y del resto de españoles?

Al fin y al cabo, es para lo que recibe su sueldo.

Verdaderas Reformas

Toca pensar diferente. Cada crisis es distinta; generada por motivos distintos, provoca distintas consecuencias. Y sin embargo todas tienen algo en común. Delatan que algo está mal. Que algo no funciona.

Al filo del año 2013, España lleva ya cuatro años de crisis económica. Las razones las conocemos. Las consecuencias también. Los medios de comunicación, cada día más sensacionalistas, prefieren  hablar de las segundas. Les gustan más. Cada día, telediario, periódicos y radio nos bombardean con decenas de nuevos conflictos, actos de violencia y protestas, surgidas de lo que Bruselas llama “medidas de austeridad”, el ciudadano de a pie “recortes” o el Gobierno, utilizando su eufemismo favorito, “reformas”.

El ejecutivo de Mariano Rajoy suele adornar el término, frecuentemente, con la coletilla de “que España necesita”: es decir, las “reformas que España necesita”. Y me pregunto, como todos: ¿Son esas las reformas, si es que pueden llamarse así, que nuestro país necesita?

Como decía todas las crisis tienen, junto al vicio conformado por la maraña de inconvenientes, desgracias y tragedias que generan –y especialmente en ciertos colectivos-, una concreta virtud: suelen fomentar el pensamiento crítico de la sociedad. En 2007, antes de que todo empezara, nadie o casi nadie ponía en tela de juicio la calidad de la democracia, separación de poderes o modelo político-territorial de nuestro país.

No es una virtud, por triste que sea en el contexto en el que surge, que podamos despreciar. De ella depende nada menos que la forma de salir de la situación en que nos encontramos.

Hace pocos días, Mariano Rajoy ha vaticinado una “estabilización” de la caída de la economía española en 2013 y un tímido crecimiento en 2014, todo ello como preludio de la soñada recuperación económica que, afirma, vendrá en los años siguientes. No soy, por mi experiencia reciente, propenso a aceptar las previsiones de “brotes verdes” provenientes de Moncloa, pero supongamos que nuestro Presidente del Gobierno no se equivoca. Supongamos por un momento que, en cierto modo, lo peor de la crisis está cerca de terminar... Con todo lo que hemos vivido estos últimos años, ¿son las “reformas” del Gobierno, después de todo, las verdaderas y únicas reformas que queremos ver en nuestro país? Hemos pagado un precio muy alto por una crisis generada al otro lado del Atlántico, ¿de verdad queremos salir de ella –y salir no significa salir bien- sin al menos cambiar aquello que no funciona?

El pensamiento crítico que ha despertado en nuestro país ha acabado destapando decenas de reformas verdaderamente necesarias. Reformas, aclaro, que ni son ni nunca han sido sinónimo de reducciones presupuestarias.

Nuestros partidos políticos tradicionales, como consecuencia del sistema electoral de listas cerradas y de una mala praxis generalizada, se gestionan antidemocráticamente. Están formados por diversos grupos de poder que, lejos de premiar el mérito y el esfuerzo, aplauden la obediencia ciega a la agenda de la cúpula dirigente y castigan la divergencia de opinión de sus miembros -aun razonada y razonable-, sobreponiendo siempre el interés personal y partidario al interés general del país, de los ciudadanos. Las consecuencias son, además, especialmente graves si tenemos en cuenta la excesiva infiltración de éstos en las principales instituciones de nuestra democracia.

Nuestro poder judicial se halla vinculado, en su cumbre, a ese mismo interés partidario. La cúpula del poder judicial, formada por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, es nombrada por los partidos políticos mayoritarios. El Fiscal General del Estado, por su parte, es nombrado directamente por el Gobierno, lo que debido a la estructura piramidal de la fiscalía española otorga casi de facto el control de ésta al ejecutivo de turno.

Asimismo, la deficiente regulación y la inexistencia de un sistema de control de los indultos gubernamentales ha dado lugar, potenciado por esa jerarquía de intereses de la que hablábamos –primero yo, luego el partido, después el país-, a un uso absolutamente arbitrario de éste. Indultos injustificados e injustificables, producidos al antojo del gobierno de turno y, por supuesto, sin conexión alguna con los presupuestos lógicos de esta institución.

A todo ello debemos sumar la progresiva infiltración de la figura del Secretario judicial en nuestra jurisdicción. A este funcionario –directamente dependiente del Ministerio de Justicia, y por tanto del Gobierno- se le han ido otorgando, sistemáticamente, más competencias dentro de los procesos jurisdiccionales, reduciendo la tradicional competencia del Juez –únicamente sujeto a la Ley-.

El Tribunal Constitucional, garante máximo del respeto a las reglas de juego de nuestra democracia por parte de los poderes públicos, ve nombrados sus miembros por los partidos políticos mayoritarios. Esto lleva no sólo a una peligrosa vinculación con los dos principales partidos, sino también, en ocasiones, a la publicación de las mismas en el momento más conveniente para éstos. Lo último ha dado lugar con frecuencia a situaciones absolutamente bochornosas en que sentencias importantes tardan seis o siete años en declararse –como ha sucedido con la reforma del Estatut catalán o la aprobación de los matrimonios homosexuales-.

Esa tardanza se ve agravada por la inexistencia de un control previo de constitucionalidad. En España, una ley puede entrar en vigor y producir efectos aún siendo inconstitucional. Sólo a posteriori puede revisarse la adecuación de la ley a la Constitución, permitiéndose así que que leyes radicalmente inconstitucionales –como la de tasas judiciales que acaba de publicarse- se mantengan en vigor durante los prolongados periodos de tiempo a los que los jueces del Tribunal Constitucional nos tienen acostumbrados a esperar.

Nuestra administración es ineficiente, derrochadora y está duplicada en muchísimos puntos. Gran parte de sus organismos y empresas públicas son, además de costosos, absolutamente inútiles, y sirven exclusivamente para colocar personas cercanas a los miembros de los grupos políticos mayoritarios.

No existe en nuestro país un verdadero sistema de depuración de responsabilidades por la mala gestión política de administraciones, organismos y empresas públicas. Esto ha dado lugar a un uso irresponsable y arbitrario de muchos cargos por políticos que, no teniendo nada que perder, han utilizado conforme a sus intereses los recursos de estos organismos –pagados por todos los españoles-, endeudándolos de manera desorbitada cuando no llevándolos directamente a la quiebra. A financiar dicho festín de endeudamiento ha contribuido especialmente, como es de sobra conocido por todos, la indiscriminada infiltración de políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro.

El Tribunal de Cuentas, que como máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas debería tender a evitar los desbarajustes presupuestarios de las administraciones, carece de competencias directas.  Tan sólo puede emitir dictámenes que no vinculan a nadie. Así, aún en los casos más evidentes y graves, tan sólo puede “sugerir” o “recomendar” la línea de actuación. Sus miembros, por supuesto, son nombrados por los partidos políticos mayoritarios.

El Sistema Electoral español, además de limitar sustantivamente las posibilidades de cambio en la política española, es verdaderamente injusto. A la Ley de Hond’t, que de por sí no es el más justo de los sistemas de reparto de escaños, se le suma el problema de la circunscripción provincial. Dicho modelo genera una exagerada sobrerepresentación del medio rural español, haciendo que el voto de un ciudadano madrileño o barcelonés valga bastante menos que el de uno soriano o cacereño. No es necesario hablar también, por supuesto, de las múltiples barreras a la entrada en el Parlamento de partidos nacionales minoritarios.

El problema se agrava con el sistema de financiación pública de partidos, que otorga el dinero en función de los resultados en las anteriores elecciones. Esto dificulta sumamente la aparición de nuevas opciones en el espectro político español -algo crucial para la reforma del panorama político actual-. A ello hay que sumarle el peligro generado por la inexigencia de transparencia en la financiación privada de los partidos, cuyos colaboradores financieros son en gran parte de los casos desconocidos por la opinión pública.

* * *

Y así, existen en nuestro país cientos de ejemplos parecidos, circunstancias que es urgente corregir   –número de ayuntamientos, politización de cajas de ahorros y bancos nacionalizados, modelo energético,  Ley Hipotecaria, funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia, Senado, modelo educativo, privilegios fiscales regionales, “tasas judiciales” y un larguísimo etcétera-. Todas ellas forman parte de las verdaderas “reformas que España necesita”, algo completamente distinto e independiente de las políticas de estabilización presupuestaria.

Todas las crisis fomentan el pensamiento crítico de la sociedad, y nuestro país no es una excepción. Es la virtud que emerge en el océano de vicios de una crisis. Una virtud que, sin embargo, por sí sola sirve de poco. La mera percepción del problema tiene que ir acompañada de un impulso reformista, de un verdadero y efectivo cambio. De lo contrario, saldremos de esta crisis habiendo perdido mucho, pero ganado nada.

El Partido Popular, principal abanderado de un cambio de política durante los últimos ocho años, ha perdido ya la confianza de sus votantes. La política se convierte por primera vez, según el CIS, en el tercero de los problemas de los españoles –y no hay precisamente pocos entre los que elegir-. Desvanecida ya la ilusión del nuevo gobierno -el que hace un año te pedía que te “sumaras al cambio” y un año después todavía no se ha sumado- es necesario cambiar de criterio. Es necesario propiciar un cambio. El desasosiego y el desencanto de la ciudadanía es natural, pero no debe convertirse en el principal obstáculo, cuando las urnas vuelvan a llamarnos, para el verdadero cambio al que tenemos que sumarnos todos los españoles. Un cambio que todavía sigue, a pesar de todo, en nuestras manos.