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Publicado en O Globo, Río de Janeiro, 22 de mayo de 2018.
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España es, fuera de toda duda, un componente esencial del núcleo duro de la Unión Europea. La única, entre las cinco grandes naciones de Europa occidental, aparentemente impermeable hasta la fecha a dos corrientes subversivas que azotan el viejo continente: el creciente euroescepticismo y el avance del populismo xenófobo que acaban de triunfar en Italia.
Lo anterior no es, naturalmente, irreversible. Muchos europeístas españoles últimamente nos despertamos más euroescépticos que nunca, a la vista de las noticias que nos llegan de un Tribunal alemán en relación con la solicitud de extradición de Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña y prófugo de la Justicia española tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre.
Aunque no definitiva, la decisión de la Audiencia de Schlewsig-Holstein, anticipando la denegación de la extradición por el delito más grave imputado al ex presidente es, sin duda, desafortunada. Y ello por tres motivos no exentos de gravedad.
En primer lugar, pues parece vulnerar la llamada “quinta libertad” europea, consistente en la libre circulación de resoluciones judiciales, dentro de la cual una herramienta primordial la constituye la “euroorden de detención”, que sustituye a la clásica “extradición” y fue concebida para impedir que, en una Europa en que cruzar una frontera resulta tan fácil como cambiar de calle, los responsables de delitos eludan la acción de la Justicia cambiando de Estado. En su decisión, la Audiencia puede haberse extralimitado al decidir sobre el fondo del asunto (y no sobre la mera “equivalencia” de los delitos) lo que ha llevado al Tribunal Supremo español a aportar más información y solicitar la reconsideración de dicha decisión, solicitud a la que ahora se adhiere la Fiscalía germana.
En segundo lugar, pues daña gravemente el principio de “confianza recíproca” entre europeos, y puede propiciar que una gran parte de los europeístas españoles, entre los que me cuento, legítimamente revisemos nuestra voluntad de pertenecer a una Unión Europea que permita a prófugos de la Justicia violentar unilateralmente nuestro Estado de Derecho y Constitución, cruzar una frontera inexistente y refugiarse a salvo tras las togas de los jueces de otro Estado miembro de la Unión.
Finalmente, pues fundamenta la denegación de la extradición por el delito de rebelión en la inexistencia de una “violencia suficiente” para doblegar al ordenamiento constitucional. ¿Qué precedente estamos sentando para una Europa, una Alemania misma, con crecientes movimientos de populismo xenófobo y antidemocrático? ¿Resultará “gratuito” intentar un golpe de Estado siempre que el mismo fracase por ser la violencia empleada de menor entidad que la fortaleza de la democracia que se pretende alterar?
Afortunadamente, no coincide la Fiscalía alemana con dicho criterio, pues reitera su solicitud de extradición por “alta traición” a la que ahora añade, a la vista de las múltiples pruebas de violencia frente a la policía, la de perturbación del orden público.
Todo apunta a que, si el Tribunal alemán no revisa su criterio (y todavía está a tiempo) la cuestión recaerá sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el discreto pero brillante arquitecto de la Unión Europea tal y como la conocemos. En sus manos, quedará, pues, proteger al Viejo Continente de los imprevisibles efectos que la decisión de la Audiencia podría acarrear. Confío en que así lo hará.
