El pasado martes, el Parlamento catalán abrió sus puertas, tres meses después. La sesión de apertura quedó naturalmente condicionada por el intento de asalto nocturno a éste por grupos de violentos -autodenominados CDR- jaleados por la mañana por el President y rechazados después por los Mossos d’Esquadra bajo sus instrucciones. Grupos de chavales que no llegan a la veintena quemando banderas, arrojando vallas a los agentes, insultándolos y aporreando las puertas con el gesto desencajado. Los “CDR” no fueron rechazados, por supuesto, en la Subdelegación del Gobierno en Gerona, en que los mismos tomaron por la fuerza el edificio para descolgar la bandera nacional y pisotearla en la calle ante las cámaras.
Se trataba de un aviso a navegantes; el señor que ocupa el Palau de la Generalitat prometió la República catalana y sigue poniendo la mano para pedir –y recibir, claro está- dinero al Gobierno, buscando un equilibrio imposible entre incumplir nuevamente la ley, sostener al Gobierno de Sánchez y asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos. Los radicales se saben con la sartén por el mango: ya empujaron al fugado Puigdemont al precipicio tildándolo de cobarde en sus horas de duda, provocando el salto al vacío con la Declaración Unilateral de Independencia que ha arruinado, entre barrotes o no, su futuro vital.
La sesión quedó, pues, condicionada desde el inicio, pues los mismos grupos que por la mañana eran jaleados por el Sr. Torra, por la noche pedían su dimisión. Era necesario un gesto, y el President, cediendo a las presiones, les dio dos; ambos igualmente expresivos de su desprecio absoluto por el Estado de Derecho y la Democracia.
El primero consistió en la votación, por el Parlament, de los efectos del Auto del Magistrado Llarena en que se declaraba -por acción automática del artículo 384 bis LECrim- la suspensión de los diputados procesados en firme por rebelión, para “rechazar” sus efectos. En la lógica de los portavoces independentistas, las resoluciones judiciales no pueden afectar a los Diputados, situados por tanto a su juicio por encima del bien y del mal, y por supuesto del Derecho, independientemente de que cometan delitos. La misma lógica envenenada nos permitiría justificar a cualquier partido en el Gobierno que declarara parlamentariamente el inacatamiento de la condena por corrupción de su líder, escudándose en dicha interpretación totalitaria y torticera de la “separación de poderes”.
El segundo se concretó en el ultimátum (retirado después, en un ejercicio de elasticidad a la altura de los frecuentes bandazos ministeriales del Gobierno), consistente en la exigencia de que el Gobierno “pactara” un referéndum vinculante en el plazo de un mes, bajo la amenaza de retirar su apoyo a la precaria mayoría parlamentaria del Sr. Sánchez. Una exigencia que Torra conoce perfectamente que, aunque quisiera, el Presidente no puede cumplir, pues el Gobierno está sometido –como cualquier otro poder- a la Constitución (artículo 2), siendo imposible tal referéndum sin que los españoles reformemos antes nuestra Carta Magna mediante el procedimiento agravado, ratificando la decisión mediante referéndum constitucional.
No es casualidad que nacionalismos y populismos ataquen siempre, en primer lugar, al estado de Derecho. Si los buenos y malos ciudadanos pueden fácilmente desbrozarse, como el grano de la paja, a través de banderas o lazos en la solapa, ¿para qué necesitamos leyes y tribunales? Si la verdad ya no es compleja y discutible, sino que corresponde siempre a los míos, los “buenos”, ¿para qué limitar su poder?
El objetivo es, pues, el Estado de Derecho. Ese elemento esencial e indisociable de un Estado democrático, que somete a todos, particulares y poderes públicos, al Imperio de la Ley, a la igualdad ante las normas. Es la barrera que separa a los regímenes democráticos modernos (con sus derechos fundamentales, su respeto y protección de las minorías y su inseparable separación de poderes) de aquellos donde impera la llamada tiranía de la mayoría, en que el grupo más numeroso se impone sin cortapisas, sin miramientos, sin oposición, a unas minorías desamparadas ante el poder absoluto del vencedor de las elecciones. ¿Resulta familiar?
Bien sabido es que todos los regímenes totalitarios han aborrecido desde antiguo del Estado de Derecho. El nacionalsocialismo, el comunismo, el fascismo, desde el inicio situaron al Movimiento (destino glorioso del Pueblo, o Volk) por encima de cualquier ley o Constitución. La envenenada propaganda era sencilla, pero efectiva: ¿Qué control necesita el poder cuando “los buenos” (el Movimiento) se lo han arrebatado por fin a “los malos”? Cualquier límite al ejercicio del poder constituía una barrera ilegítima, un impedimento injustificado y fatal al glorioso fin que el partido único estaba llamado a alcanzar.
La separación de poderes, los derechos fundamentales de los opositores, la igualdad ante la ley, fueron todos sacrificados en el altar de la Patria. Cualquier posibilidad de reforma del régimen era eliminada, abocando a la lucha armada como única posibilidad de retorno a un régimen democrático. El nuevo orden imponía un poder absoluto y eterno en “beneficio” del Pueblo; claro que ese “beneficio” correspondía interpretarlo exclusivamente a los órganos del Partido único...
Los tres movimientos anteriores fueron vistos en los años 30 como renovadores e ilusionantes, capaces de levantar del polvo y retornar a su antigua gloria a naciones antaño cabizbajas y acomplejadas como Alemania, Rusia e Italia, moldeando nuevas y vitales formas de gobierno frente a las viejas, decadentes y convulsas democracias de Francia, Gran Bretaña y, por poco tiempo ya, España.
Pese a que la Historia, ese “tesoro de los errores” para Ortega, nos ha inmunizado unas cuantas décadas, el efecto parece comenzar a disiparse en una Europa en que populismos y nacionalismos en auge han recogido el testigo de la lucha sin cuartel frente al Estado de Derecho. Su fórmula mágica, canalizar el descontento y la frustración de la población hacia una idea sencilla y emocional: alguien más tiene la culpa. Irrelevante es la correspondencia con la realidad; todo aquel que ponga en duda la visión revelada es un hereje, un estorbo, el enemigo.
No resulta, en fin, sorprendente que el independentismo exija a Sánchez que se salte la ley, pues está ya a estas alturas tan empeñado en continuar haciéndolo (después llegan las consecuencias, de la mano del victimismo) como a exigir lo mismo a los demás; la hemeroteca nos recuerda a Puigdemont exigiendo instrucciones del Gobierno a la judicatura para no investigar los hechos del 1 de octubre –autoridad que, por motivos obvios, el ejecutivo no ostenta en ninguna Democracia- , y recientemente Torra ha exigido al Gobierno que ordene a un juez la puesta en libertad de los presos preventivos, así como que ordene al Ministerio Fiscal archivar la causa por el 1-O y la declaración unilateral de independencia.
Frente al vicio de pedir, dice un magnífico refrán, está la virtud de no dar. Tanto más, puede añadirse, cuando no se está en posesión de aquello exigido. Aquello que pertenece en exclusiva al pueblo español en que reside la soberanía nacional, como proclama el artículo 1 de la Constitución de 1978 que este año cumple, pese al ruido y los vientos, 40 años de paz y convivencia democrática.
