El Tribunal de Justicia de la Unión Europea demuestra hoy, de nuevo, ser la institución por excelencia al servicio de la construcción europea, el último y siempre fiable guardián del sueño europeo; un sueño que, desde Carlos V a Winston Churchill, pasando por Napoleón y Víctor Hugo, tantos y tantos europeos cuyas vidas transcurrieron entre guerras fratricidas ansiaron previamente sin éxito.
Siempre el Tribunal de Justicia, ese gran desconocido para el público y tantas veces confundido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (que no forma parte de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa). Siempre el Tribunal de Luxemburgo, el silencioso y terco arquitecto de los principios de primacía (Asunto Costa-ENEL) y efecto directo (Caso Van Gend & Loos), sin los cuales jamás habríamos alcanzado una Unión Europea tal y como la conocemos
Hoy, mediante su Sentencia en el Caso C-621/18, el Tribunal sale una vez más a la defensa de Europa y su futuro, afirmando el derecho de los Estados Miembros que hayan invocado la retirada de la Unión Europea conforme al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea de revocar dicha solicitud dentro del plazo de dos años para la salida "sin acuerdo".
La Sentencia, emanada en un caso en que tanto la Comisión Europea como el Reino Unido intentaron evitar una decisión sobre el fondo alegando la inadmisión del procedimiento, se inspira en la inconsistencia de cualquier otra interpretación del artículo 50 TUE con la “unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (artículo 1 del TUE), pero se funda asimismo en un impecable análisis jurídico del concepto de Soberanía Nacional, que acoge, conforme a su visión, tanto el derecho unilateral del Estado Miembro de comunicar la retirada de la Unión (dando inicio al procedimiento del artículo 50) como el derecho de ese mismo Estado a revocar dicha decisión. Todo ello con un único límite: el de que dicha decisión emane de conformidad con los mecanismos y procesos previstos por el ordenamiento constitucional correspondiente (v.e., un golpe militar que desembocara en la dicha revocación sería inválido a tal efecto conforme al Tribunal de Justicia).
La Sentencia, emanada en un caso en que tanto la Comisión Europea como el Reino Unido intentaron evitar una decisión sobre el fondo alegando la inadmisión del procedimiento, se inspira en la inconsistencia de cualquier otra interpretación del artículo 50 TUE con la “unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (artículo 1 del TUE), pero se funda asimismo en un impecable análisis jurídico del concepto de Soberanía Nacional, que acoge, conforme a su visión, tanto el derecho unilateral del Estado Miembro de comunicar la retirada de la Unión (dando inicio al procedimiento del artículo 50) como el derecho de ese mismo Estado a revocar dicha decisión. Todo ello con un único límite: el de que dicha decisión emane de conformidad con los mecanismos y procesos previstos por el ordenamiento constitucional correspondiente (v.e., un golpe militar que desembocara en la dicha revocación sería inválido a tal efecto conforme al Tribunal de Justicia).
Resulta asimismo difícil evitar relacionar la Sentencia, hecha pública este mediodía, con la decisión de la Premier británica, comunicada a primera hora, de aplazar el pleno de mañana en el Parlamento de Westminster en que debía aprobarse por el mismo el Acuerdo alcanzado con Bruselas (la Soberanía Británica reside en su Parlamento conforme a su principio constitucional de Soberanía Parlamentaria).
La decisión del Tribunal de Justicia puede suponer, así, un nuevo espaldarazo a la causa comunitaria en un Reino Unido cuyas tensiones por el proceso se incrementan por la presión de las dos posturas que rechazan el acuerdo: (a) la entieuropeísta, que rechaza lo que consideran un “mal acuerdo”, y (b) la europeísta, que rechaza el Brexit en sí mismo. Una presión que ha terminado por anticipar una derrota parlamentaria del Acuerdo, sin la cual no es posible su viabilidad política ni jurídica. Una presión notable a la que añadir las crecientes tensiones territoriales en Escocia e Irlanda del Norte, que sin censurar su integración en el Reino Unido rechazaron mayoritariamente, cada uno por sus propios motivos, la escisión del país del ordenamiento comunitario (recordemos que, en el primer caso, el ex Primer Ministro David Cameron prometió un segundo referéndum ante un eventual triunfo del Brexit, promesa que los nacionalistas escoceses no han olvidado).
Sólo el tiempo nos dirá si el Tribunal de Justicia puso la primera piedra hoy, 10 de diciembre de 2018, de un punto de inflexión en el proceso de ruptura, abocando a una nueva consulta que pueda revocar el inerte y contraproducente proceso iniciado hace ya más de dos años. Sería sin duda una medalla más a colgar del pecho de una institución que, desde los inicios, ha cumplido siempre impecablemente su función en defensa del proyecto político más importante del siglo XX: la unión de todos los europeos.
