Reflexiones sobre el estado de alarma

“Espera lo mejor, prepárate para lo peor”. La máxima anglosajona nos recuerda a nuestra latina “si vis pacem para bellum” (si quieres paz prepárate para la guerra), y es un buen consejo para cualquier prudente dirigente, representante, empresario, profesional, o, en definitiva, ciudadano. 

La Democracia, como régimen político, debe ser prudente por definición. A la normalidad puede sobrevenir la anormalidad -la excepción- y un funcionamiento institucional complejo como el democrático, que obedece ante todo a la garantía de derechos fundamentales (que a veces damos demasiado por descontados), puede ser incompatible con la supervivencia del Estado sin la capacidad de adoptar, para hacer frente a “grandes males”, “grandes remedios”. Ya en Roma el Dictator asumía poderes excepcionales en situaciones anormales -como la invasión de Aníbal o las revueltas de esclavos- en que las instituciones ordinarias (las magistraturas colegiadas, las asambleas y el Senado) se mostraban incapaces de hacer frente a la crisis de forma eficaz. 

Sin embargo, la noción de Estado de Derecho -sin el cual no existe verdadera Democracia- impide una excepcionalidad arbitraria, inventada o administrada “a la carta” por el poder, debiendo someterse a normas previamente establecidas. Es lógica la búsqueda de ese necesario equilibrio, pues si la capacidad de alterar el normal funcionamiento de la sociedad democrática puede ser necesaria para garantizar su supervivencia, no es menos cierto que esa misma supervivencia se vería seriamente amenazada si la anormalidad otorgara al gobernante un poder absoluto e ilimitado. Y ello pues, si siguiendo a Lord Acton concluimos que “si el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente”, la Historia nos demuestra que el poder absoluto excepcional ha sido comúnmente un puente para transitar desde la Democracia hacia otro tipo de regímenes (como ejemplo, el incendio del Parlamento alemán en 1933 como piedra fundacional del Tercer Reich). 

En otras palabras, la excepcionalidad tiene por tanto también, en Democracia, sus normas. En concreto, la Constitución, cuyo artículo 116 CE define y sienta las normas esenciales de los tres estados excepcionales y provisionales (alarma, excepción y sitio), y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que los desarrolla. 

Mucho se ha escrito en estas semanas respecto de la declaración del estado de alarma y su sujeción -o no- a las anteriores normas. Entre otros debates, destaca el de si la fórmula adecuada debió de ser el estado de excepción, a la vista de que, si bien la justificación (la epidemia) parece encajar en los motivos del estado de alarma,[1] la generalidad y la intensidad de la restricción de derechos fundamentales parece acercarse más a la “suspensión” de derechos del estado de excepción[2] que a las medidas disponibles para el estado de alarma.[3] La línea divisoria entre “restricción” y “suspensión” es ciertamente muy fina cuando, en la práctica, el efecto es la imposibilidad de dar un paseo cuándo y dónde le plazca a uno -art. 17.1 CE-, acudir a una reunión o una manifestación -art. 21 CE- o incluso un acto de culto como un funeral -art. 16.1 CE-, ejercer las funciones ordinarias en el marco de una asociación -art. 22 CE-, elegir a nuestros representantes mediante elecciones -art. 23.1 CE- o solicitar la tutela ordinaria de los tribunales -art. 24.1 CE-. Se comparte generalmente por los críticos el fin (el confinamiento como medio de combate de la epidemia), pero no los medios (el estado de alarma, caracterizado por la iniciativa gubernamental, frente al estado de excepción, de mayor protagonismo parlamentario).

Por otro lado, se cuestiona asimismo la “indeterminación” del Real Decreto que declara el estado de alarma,[4] en la medida en que, exigiendo la Ley Orgánica que el decreto determine “los efectos” de dicho estado,[5] junto a una serie de medidas específicas, la norma aprobada por el gobierno establece una delegación indeterminada en una serie de cargos, que han ampliado las medidas estableciendo “efectos” no previstos -siquiera de modo general- en el Decreto. Como ejemplo, la paralización de las obras en edificios habitados, “efecto” operada por una Orden ministerial.[6]

Adicionalmente, han llamado la atención algunas acciones aparentemente excesivas como la paralización de la actividad parlamentaria acordada por la Mesa del Congreso[7] -contraria a la prohibición de la interrupción del funcionamiento del Congreso y del resto de poderes constitucionales del Estado durante los estados excepcionales-,[8] las restricciones al control parlamentario del gobierno, el filtro a las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros o las crecientemente desafortunadas alusiones a medidas restrictivas para el control de la desinformación (en palabras del palabras del general José Manuel Santiago, con el objetivo de “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”). 

Junto a todo lo anterior, mi reflexión se proyecta hoy sobre uno de los límites esenciales inherente al estado de alarma en tanto que estado excepcional: su duración limitada en el tiempo. Un límite absolutamente indispensable, no cabe duda, por muchos motivos entre los cuales me permito destacar dos. 

El primero es la trascendental afección de elementos esenciales del estado democrático; desde la “suspensión”, en la práctica, de derechos fundamentales pertenecientes al núcleo más sensible de nuestras libertades, hasta el funcionamiento ordinario de las instituciones, gravemente trastocado a la vista de la paralización de la actividad del grueso de la Administración, del poder judicial e incluso de los órganos parlamentarios, la suspensión de procesos electorales, etcétera. Es evidente, en este sentido, que de admitirse la duración indefinida en el tiempo de semejante alteración de la “normalidad democrática”, podría arribarse a una situación en que, en la práctica, pilares esenciales de nuestro régimen constitucional se derogaran de facto, por la vía de los hechos, por el poder político. 

En segundo lugar, no puedo dejar de compartir la reflexión que Eric Blair (más conocido por su pseudónimo George Orwell) vertiera en su prólogo a la célebre novela Rebelión en la Granja, en que, en relación con la limitación de libertades por el Gobierno británico durante el estado de guerra a lo largo de Segunda Guerra Mundial -que entendía en su mayor parte-, el autor meditaba sobre el peligro de la extensión en el tiempo de la limitación de libertades, que conducía a una “normalización”, y en último término a una mayor aceptación del cercenamiento de los derechos y libertades fundamentales propios del régimen democrático, un aceptación susceptible de sobrevivir al contexto extraordinario que originó dicha limitación. Tan necesario como pueda ser el confinamiento, no me resulta halagüeña la perspectiva de que mis conciudadanos puedan habituarse a una vida en que una gran parte de sus derechos conforme al Título I de nuestra Constitución se encuentran, de facto, derogados. 

Descendiendo a la regulación en España, la limitación temporal del estado de alarma se encuentra entre las normas vigentes que regulan nuestra actual anormalidad. En concreto, el artículo 116.2 CE dispone que dicho estado tan sólo podrá extenderse el plazo máximo de quince días, que podrá ser prorrogado por el Congreso. No existe un límite máximo, en buena lógica, debido a la imprevisibilidad de la duración de la situación excepcional que da lugar al mismo (no sería aceptable una limitación máxima tasada que impidiera jurídicamente extender la duración hasta la superación de la específica crisis). 

Sin embargo, ¿no es dicho régimen en exceso flexible? Como puede fácilmente apreciarse, una mera mayoría simple en el Congreso permitiría la prórroga ad infinitum de una anormalidad constitucional como la descrita -en perjuicio de la normalidad constitucional-; esto es, en una situación con derechos fundamentales vacíos de contenido, tribunales paralizados, elecciones desconvocadas, manifestaciones prohibidas, la oposición maniatada en el confinamiento… Una prórroga que jurídicamente sería posible incluso, cabe pensar, más allá del propio cese en el tiempo de la crisis que dio lugar a la declaración, siempre y cuando una mayoría parlamentaria accediera “por la mínima” a sucesivas -e inmorales- prórrogas. Ya sé lo que están pensando. Es imposible. Y sin embargo, recordando el creciente abuso que del concepto de “extraordinaria y urgente necesidad” de los decretos-leyes se ha llevado a cabo las últimas décadas, cuyo corolario ha sido su utilización como método de blindaje del Vicepresidente Iglesias en la Comisión de Inteligencia en pleno Decreto-ley de medidas económicas frente al COVID-19… ¿lo es? No hace falta un exceso de celo para concluir que si algún futuro gobernante pretendiera sustituir nuestro régimen de libertades por algo diferente -lo que no es precisamente, desde una perspectiva histórica, una situación sin precedentes-, tendría en la prórroga indefinida del estado de alarma una de las apuestas con mayor probabilidad de éxito. Si bien debería enfrentarse, en último término, a un Tribunal Constitucional cuya actividad constitucional no se interrumpe durante los estados excepcionales, conforme al artículo 116.5 CE, ¿cuánto daño se podría generar a nuestras instituciones en el interim? 

Propongo como alternativa una propuesta de lege ferenda, que convendría blindar adecuadamente en nuestra Carta Magna, capaz de mantener la necesaria flexibilidad apreciativa pero de impedir, por otro lado, la situación antes descrita. Consistiría en imponer, a partir de un número por determinar de prórrogas, la necesidad de una mayoría parlamentaria reforzada para el mantenimiento de los estados excepcionales. La permanencia en el tiempo de una excepcionalidad de efectos tan trascendentales como los que vivimos requeriría así de un elevado grado de consenso parlamentario inconciliable con el abuso de poder al que me acabo de referir. 

______________________

[1] Artículo 4.b de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

[2] Artículo 13.2.a de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

[3] Artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

[4] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

[5] Art. 6.2 de la LO 4/1981, de 1 de junio: “En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma…”. 

[6] Orden del Ministerio de Sanidad 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad 

[7] Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19/03/2020. 

[8] Art. 116.5 CE.

Un perdón imperdonable

Hace ya tiempo que Pedro Sánchez perdió todo ápice de respeto por los españoles. Confiado en su dominio de los tiempos mediáticos y los mensajes, no sólo es capaz de traicionar una y otra vez su palabra, sino de hacerlo con vehemencia, permitiéndose el lujo de tildar de reaccionario, crispador y por supuesto fascista a todo el que legítimamente le recuerde el “donde dije digo, digo Diego”. “El objeto de la moción de censura es convocar elecciones”, y ahí le tuvieron afirmando que la legislatura duraría hasta el final, si no fuera por los presupuestos que ERC no le aprobó. “Jamás pactaremos con el populismo”, hasta que pactó. “Jamás tendré a Iglesias en mi gobierno, pues ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos por la noche”, y ahí tienen a Iglesias de vicepresidente. “Jamás hemos pactado, ni pactaremos, con Bildu en Navarra”, y ahí tienen tanto la investidura como el acuerdo de presupuestos anunciado esta semana. Podría seguir sin terminar, y ello sin hablar del burdo ejercicio de absolutismo del Presidente en su obsesión de desmontar las instituciones para doblegarlas a su voluntad, empezando por el CIS, siguiendo por Televisión Española y después la Abogacía del Estado, en un lamentable proceso cuyo corolario es el nombramiento de su Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado (no necesito recordar el "¿y quién manda en la Fiscalía?, ¿el Gobierno?, "pues eso"). ¿Es que no existe en su ser el más mínimo atisbo de rubor?

Durante la pasada campaña electoral, con Cataluña colapsada por los cortes de trenes y carreteras y Barcelona azotada por una ola de violencia callejera sin precedentes en este siglo -azuzada, por cierto, por el propio President-, el candidato Sánchez prometió tipificar de nuevo el delito de convocatoria de referéndum ilegal, como gesto duro dirigido a convencer a sus votantes de su compromiso con la defensa del orden cívico y la Constitución. Por supuesto, volvió a afirmar que “nunca había pactado con el independentismo” la moción de censura que le llevó a la Moncloa, así como que “nunca pactaría con ellos su futura investidura”. Ahí le tienen, sentado de nuevo en el Gobierno tras firmar un acuerdo con un partido (ERC) cuyo líder está en la cárcel por dar un golpe a la Democracia hace poco más de dos años. Un Acuerdo cuyo contenido proclama que si una minoría de los catalanes se salta la ley democrática, empezando por el Estatut de Cataluña, para imponer al resto de sus conciudadanos sus apetencias identitarias supremacistas, estamos ante un “conflicto político”, y que si los jueces actúan ante la comisión de delitos por los políticos estamos ante una “judicialización” de la política que debe ser corregida. 

El acuerdo, naturalmente, no vino gratis. A la humillación de ver al Presidente del Gobierno plegar el Estado de Derecho -frente a lo que prometió en campaña- ante los golpistas, le ha seguido ahora el acto principal de la desvergüenza, en forma de anuncio de “revisión” de los delitos de rebelión y sedición para “adaptarlos a los tiempos que corren”. El objetivo, anuncia el ejecutivo, es rebajar la pena del segundo delito, por el que fueron condenados los miembros del Govern junto al de  malversación de fondos. Se trata, no puede decirse de otro modo, de un indulto expreso a Junqueras y el resto de políticos condenados por su intento de ruptura de la Constitución. Y ello en la medida en que, como perfectamente conoce Sánchez, el artículo 2.2 del Código Penal garantistamente afirma que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. El disfraz jurídico de una ley ad hoc no esconde la verdad: tan sencilla como que se indulta a quienes pretendieron derogar la Constitución en Cataluña sin tener la mayoría para reformar siquiera el Estatuto, representando a menos de la mitad de los votantes de Cataluña (no digamos ya de los catalanes en total).

No es preciso que nos duela España para condenar lo que se propone, pues sólo hace falta ser demócrata para estar en contra: estamos ante un torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho y la Democracia, garantizando que quien ha intentado sustituir nuestro régimen de libertades por su antojo personal, en lugar de ser castigado y obligado a perseguir su proyecto político, en el futuro, dentro de las normas del juego democrático (cualquier reforma de nuestra Carta Magna es posible), salga impune de su intento totalitario de decidir mediante la minoría el destino de la mayoría. ¿O es que debería indultarse también a quien pretendiera sustraer a los ciudadanos de su comunidad de las normas que nos hemos dado entre todos, por ejemplo, para instaurar un régimen militar de nuevo o suprimir nuestros derechos fundamentales?

La técnica utilizada para este indulto es, si cabe, todavía más nefasta que el ejercicio del derecho de gracia (regulado por cierto mediante una anacrónica Ley de 1870) pues no sólo se indulta a quienes han cometido los graves delitos contra la Constitución por los que han sido juzgados y condenados, sino que se abre la puerta a la futura impunidad de los que, con bríos renovados, vendrán después. A aquellos que, dinamitando la convivencia democrática, hoy se mofan de nuestra Democracia y nuestras leyes, viéndolas lideradas por un hombre sin palabra, ni escrúpulos ni voluntad de defenderlas. De quienes celebran ya un perdón que es, pues no puede ser de otro modo en Democracia, imperdonable. 

Elemental Thoughts on the "Procés" Case, Democracy and Catalonia

Democracy is not, and it surely never was, the simple and pure act of voting. The periodical election, by the people, of their representatives trough universal, direct, free and secret suffrage (all of the adjectives are crucial) is only one amongst the few but indispensable elements of any democratic and pluralistic nation. The sole act of voting does not guarantee the separation of powers, the respect of the fundamental rights of the citizens or the submission of the public authorities to the rule of law. It does not, certainly, guarantee the rights of whatever minorities against the so called “Tiranny of the Majority” which the founding fathers of the United States anticipated and tried –in my view succesfuly- to prevent. It does not, either, set forth the necessary checks and balances to avoid where, following Lord Acton, absolute power “corrupts absolutely” the power-bearer, leading the way to an Elective Dictatorship (Lord Hailsham). 

How to prevent the advent of the “Tiranny of the Majority”, where the many leave no space for the free development of the few? How to avoid an Elective Dictatorship, where the democratically elected rulers yield absolute and unchallenged power, ignoring the democratic rights of their citizens? The only answer, brought forward in History by the United States’ Constitution in 1787, is the approval of a Constitution –written or not-, a basic pact or “social contract” (Rousseau) setting the minimal and fundamental rules of democratic coexistence of a people. In this document, two aspects are, indeed, unavoidable: (i) the separation of powers, established as an internal limit to absolute power and (ii) the recognition of fundamental rights of the citizens as an insuperable limit to the action of public powers. 

A Constitution is, thus, a contract where a Sovereign people (the constituent power) creates a series of democratic institutions (the constituted powers) together with rules to their democratic functioning, with the mission to act in their name in the pursue of their best interest and the sole limit of their inalienable fundamental rights. What was the probability of the human kind ever arriving to such a “beautiful, paradoxical, elegant, acrobatic and unnatural thing”? Not much certainly in Ortega y Gasset's view, which explains its pessimistic prospects when he sadly concluded that “it must not be surprising that that same species [the human kind] soon will appear determined to abandon it”. 

There is an essential guarantee for the survival of any Constitutional democracy: the Supremacy of the Constitution as a source of law (which was invented in the US but assumed and perfected by continental Europe in the crisis of the liberal state, as a counterbalance to the rise of populist fascist and socialist regimes). In simple terms, the submission of every individual or public authority (constituted power) to the Constitution, which can only be modified by its own participative, democratic and representative proceedings, involving a wide overall majority of the citizens in favour of the reform. This is an essential pillar of Democracy, for no matter how strong or intensely a number of citizens desires any change (whether a positive –civil rights- or negative one –take your pick-), the main rules of the democratic coexistence of society can only be modified with the assent of a vast majority of it, mobilised to that end.

Having said this, it is time to descend to the relevant news of today. The Sentence passed today by the Supreme Court of Spain, which convicts the actions of the political leaders of the independence coup in Cataluña in 2017 is, in no way, an undemocratic exercise. It is, on the contrary, the very case of Democracy defending itself. 

Some basic facts: Catalonia is a rich developed region of Spain, of which its capital (Barcelona) is the largest city ashore the Mediterranean Sea, its GDP per capita being way above the nationwide average. With a co-official language (Catalan) which is part of our common Spanish heritage (art. 3 of the Constitution) and its recognition the envy of much European regions (v.e. France), their territorial representative institutions hold wider competences than much of the federated states in Europe. 

Catalonia, as most of the rich non-capital regions of Europe (it is, indeed, a continental-wide phenomenom) has its own nationalist movement, which proclaims their superiority over the rest of the country and, demanding unsolidarily economic privileges over less developed regions, has permanently obtained advantages by critically deciding, over decades, the governmental turnout of elections in the national Parliament in Madrid. 

Lets get political. Catalonia’s present pro-independence Government was elected by a minimal majority of seats in the Parliament that, nonetheless (because of the effect of a twisted electoral law that over-represents the rural Catalonia) stands for less citizens than the pro-spanish opposition. The biggest party in its Parlament (the regional parliament) is Ciutadans, a firm non-independentist party. The majority of the population of Catalonia declares itself against the independence of the region (in the best polls of Generalitat’s statistical institutions, it reached 48%), and the minimal majority of pro-independence-over-represented seats does not reach, by far, the majority required to reform even its own Statute of Autonomy (2/3 of the Parliament). In the other hand, the approval of the Spanish Constitution in Catalonia was above the nationwide average in 1978 (92% votes in favour and more than 60% of the overall population behind it). 

The Spanish Constitution, besides, does not have material limits, which allows –provided an enhanced majority of the people agrees- for a reform of the “indissoluble unity of the Spanish nation” (art. 2). There is and was, thus, a legal path to follow for the Catalan pro-independence followers. A similar reform is expressly forbidden in countries like Germany, France or the US, where a pro-independence movement does not even have –and allegedly never will- a legal pathway for their political positions. Furthermore, in Portugal or Germany a political party with a political programme for secession –an unconstitutional goal- is not even permitted to run for elections. In Portugal, a regional party is not even allowed to run for national elections. 

With an excuse in the economic crisis of 2008 that struck hard the Spanish economy, the nationalist party (now extinct) then governing Catalonia –CiU- with terrible scandals of corruption affecting their leaders and the responsibility over the massive debt of the region due to irresponsible managing, promised (in a Brexitlike fashion) a cascade of wealth with an eventual independence. Notwithstanding the important question of how a pro-independence 27% of the people of Catalonia suddenly escalated to 48% of the population, which I treated in some past articles, (*) the fact that the pro-independence movement has never reached even 50% of the population is an objective truth as the Sun rising east and setting west. 

In this scenario (that is, (a) having the legal right to defend politically their positions, run for elections and even reform the Constitution to allow for a future independence of Catalonia, and (b) furthermore, not even holding enough majority to reform Catalonia’s main law, the Statute of Autonomy) in 2017 a mobilised minority of Catalonia’s representatives approved “disconnection laws” in order to illegally separate the region from the rest of Spain, holding an illegal referendum declared so by the Constitutional Court (like in the cases of Texas in the US, Babaria in Germany or Veneto in Italy, with the sole difference of the open disobeyance of the Court) in which not even half of the population participated, and after several warnings and violent encounters, declaring unilaterally the independence of the Region. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña started then the prosecution of the political leaders which lead, finally to the convictions in the Sentence of the Supreme Court published today. 

What in every civilised country is considered a crime (that is, attempting to illegally substitute the democratic constitutional order, approved by the people’s sovereignty, by illegal means) is nonetheless still defended by the pro-independence Catalan leader Carles Puigdemont, who considers the Sentence an attack to “democracy” and human rights, or a conviction of the former leaders "for their ideas”; in all, the evidence of “political repression” in Spain. No mention by Mr. Puigdemont, as expected, to the unilateral attempt, by a constituted power representing a minority, to illegally derogate and substitute a constitutional order without the strength to reform the Constitution by its regular and democratic proceedings. Have we gone mad?

(*) http://carlosspazos.blogspot.com/2018/03/normal.html

Fortuna Audentes Iuvat… ¿Siempre?

“La fortuna sonríe a los valientes”, sentó Virgilio en la Eneida. Y Pedro es audaz. Eso hay que reconocérselo. Bien es cierto que la audacia, en sí misma, no es ni buena ni mala. Depende, como tantas cosas en la vida, del fin que mueva al “audaz”.

Lo fue cuando aguantó el pulso (tras las segundas elecciones en 2016) hasta quebrar su partido a la mitad, con ese “no es no” que ahora reprocha al mismo Partido Popular al que se lo aplicaba. Lo fue cuando el fatídico Comité Federal, con toda la vieja guardia del partido en contra suya (y, a mi juicio, a favor del sentido común) forzó su salida para permitir la débil gobernanza de Rajoy como único medio de evitar unas terceras elecciones. Reconozco que yo también reí cuando, tras su destitución y su renuncia al acta de diputado –otra audacia-, decidió “recorrer con su coche España para convencer de la alternativa necesaria”. Varios meses más tarde había recuperado, tras las primarias del Partido Socialista en que se enfrentó, audazmente, al aparato en pleno, las riendas del PSOE frente a la otrora poderosa Susana Díaz. De nuevo en el trono de Ferraz, sufrió el vacío de no tener silla en el escaparate político nacional, el Congreso de los Diputados, sobrellevando con paciencia la soledad del outsider mientras los demás líderes se lucían en la tribuna.

Con coartada en la sentencia que condenaba al Partido Popular, fue audaz en proponerse a sí mismo en la moción de censura que había de acabar –por entonces parecía imposible- con Rajoy. No tenía los apoyos y Rivera sugería una investidura “técnica” para convocar inmediatamente unas elecciones deseadas por los españoles, en un tiempo en que las encuestas eran lideradas por Ciudadanos. Fue audaz en su doble mentira: no llegaría al Gobierno con los votos de ERC y lo haría a fin de convocar elecciones. Ni la una, ni la otra. Audaz, sí, pues la audacia no entiende de moralismos.

Paralizada la legislatura por la mayoría del Partido Popular en el Senado, fracasado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en clara prueba de la debilidad del llamado "bloque de la moción de censura" (también conocido como Frankenstein), y con unas elecciones autonómicas y municipales de pronóstico desastroso a la vuelta de la esquina, convocó elecciones generales un mes antes de la cita prevista. La llegada de Vox había dotado de aire a su relato y, enarbolando el discurso del miedo (como lo hiciera en su día Rajoy con Podemos), se autoerigió en paladín de la izquierda frente a la vuelta del “fascismo”.

“Arrasó” el 28 de abril, lo que abrió las puertas a un resultado francamente bueno el 26 de mayo (a salvo algunas amargas derrotas como las del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) elecciones que dotaron a un PSOE otrora dividido y maltrecho del mayor poder territorial desde hacía décadas. Cuando hay botín que repartir ningún “barón” conspira contra el Rey, y lo que era un partido roto y sin autoestima se convirtió en la primera fuerza política de España, la única socialdemocracia de peso en Europa Occidental. ¿Continúo?

Tras el fracaso, en julio, de las negociaciones del gobierno de coalición con Podemos los sondeos del partido comenzaron a sonreír al PSOE de cara a unas nuevas elecciones generales. La decisión estaba tomada, la suerte echada y Pedro ha llevado a cabo su última audacia: forzar las cuartas elecciones generales en cuatro años. La oferta de coalición que valía en julio, y que ahora Pablo Iglesias aceptaba, se retiró. La sencilla y plenamente asumible oferta de abstención de Rivera encima de la mesa, si bien tarde y mal, se desechó con un forzado “ya se cumplen las condiciones”. 

Fortuna Pedro iuvat. Hasta ahora. Pero las elecciones las carga el diablo y a estas puede que con mayor motivo para Sánchez. En primer lugar, porque el tema central a tratar en la campaña será la responsabilidad de la repetición electoral, que es difícilmente atribuible a los demás ante dos ofertas “razonables” por los dos lados que el Sr. Sánchez ha rechazado con manifiesto desprecio. 

Por otro lado, porque el cartucho del miedo a Vox ya ha sido disparado, y una izquierda que ha visto a sus líderes fracasar por los sillones pudiendo llegar a un acuerdo tiene todas las papeletas para una desmovilización muy peligrosa para sus intereses.

Tampoco puede desconocerse el calendario. El PSOE ha crecido hasta límites antes impensables tras recuperar una buena porción del voto que antaño se inclinó por Podemos –merced al miedo a Vox- y arañar al tiempo, por el centro, a un Ciudadanos repentinamente empeñado en liderar la derecha española a costa de renunciar a su previo papel de bisagra centrista. Todo lo anterior puede irse al traste con facilidad ante las previsibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo en el llamado juicio del Procés, que previsiblemente verá la luz a menos de un mes de las elecciones. Un mes en que, si el brote de irredentismo anticonstitucional prometido por el independentismo se sale del tiesto, Sánchez tiene una difícil disyuntiva. Si aplica el artículo 155 perderá votos en manos de Podemos, provenientes de aquella parte de la izquierda que, absurdamente, considera franquista defender la Constitución y el principio de legalidad frente a un nacionalismo independentista que se considera por encima de las mayorías exigidas para reformar nuestra democracia. Por otro lado, si hace dejación de funciones, es probable que ante la impasividad del Gobierno en la defensa de nuestra Carta Magna un buen puñado de votantes de centro izquierda retornen su voto a Rivera o se marchen a la abstención.

Fortuna audentes iuvat, sí… ¿Pero siempre? Lo descubriremos el 10 de noviembre. 

Adiós a un héroe

A Eduardo Fungairiño Bringas, Santander 1946 - Madrid 2019

Conservo mi primer recuerdo de Eduardo Fungairiño envuelto entre la dulce bruma que acompaña a toda memoria de la infancia. Evento familiar -boda, si mal no recuerdo-, mis hermanos y yo vestidos de infante formal, probablemente todos a juego. Mi padre, viendo llegar a Eduardo junto a su escolta (por entonces era Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional) nos dijo orgulloso a todos: vamos a darle un beso a vuestro tío Eduardo. Es un señor muy importante, un valiente; un héroe.

Recuerdo saludar admirado a Eduardo: un héroe en silla de ruedas; para un niño, “el héroe de la silla de ruedas”. Difícilmente podía concebir entonces la grandeza y valentía de un hombre dispuesto a ser, en años de plomo, punta de lanza del Estado de Derecho en su lucha contra el sanguinario terrorismo etarra y, precisamente por ello, uno de sus objetivos primordiales. Tampoco sabía entonces, como sí supe después, que en ese momento ETA ya había intentado acabar con su vida en 1990, a través de un paquete bomba que afortunadamente fue desactivado a tiempo. Tampoco que el fin del “santuario francés” del terrorismo etarra, que supuso un punto de inflexión en la lucha contra la banda, llegó entre otros motivos por sus infatigables esfuerzos y gestiones con sus homólogos franceses. Las fotografías de las atrocidades de la banda en una mesa del otro lado del pirineo confirmaron, una vez más, lo acertado del conocido dicho que predica que “una imagen vale más que mil palabras”. Siempre al servicio de España, pero también -lo que no es baladí- del Estado de Derecho, de la Constitución, y de la democracia española. Un condicionamiento este último que le llevaría, en su firme defensa de sus principios y convicciones, a resultar molesto para quienes, considerándose por encima -o al margen- del imperio de la ley, pretendieron poner sus propias normas en la lucha -o “cese” de la misma- contra la banda terrorista.

En definitiva, no podía entonces saber, como más tarde lo hice, que si los españoles ya no desayunamos todos los días con asesinatos y delitos de sangre de la banda terrorista es, entre otros muchos motivos, por la incansable y determinada labor de valientes, de héroes como Eduardo Fungairiño Bringas. Quizá el más reconocido de una lista inabarcable de servicios a España, al Estado Democrático de Derecho y, en definitiva, a los derechos y libertades de todos y cada uno de nosotros. 

Más tarde tuve la fortuna de poder conocerle mejor, de conversar con él de los más variados temas. Siempre curioso, vivo, inteligente y con ese extraordinario sentido del humor. Y, por encima de todo, con la cualidad que siempre pude admirar en él: una sincera y honesta humildad. Esa humildad sin la cual cualquier grandeza -intelectual, física, de espíritu- se transforma también en soberbia y vanidad, y de algún modo es mucho menos grande.

En estos últimos años tuve la fortuna de intercambiar regularmente correspondencia con él, pero también artículos, devorando con placer sus extraordinarios textos sobre la Segunda Guerra Mundial (una de sus muchas pasiones y, por supuesto, como las demás, espléndidamente ejecutada). Leía también los míos -ya hablé de su humildad- y hasta los archivaba, lo que me llenará siempre de orgullo.

Ayer y hoy la prensa ha homenajeado unánimemente a Eduardo Fungairiño. Un antiguo profesor me sugería hoy que este lunes debió ser, en justicia, luto nacional. No hace falta proclamarlo con oficialidad, pues quienes conocemos su historia y trayectoria oficial y personal sabemos, sin necesidad de declaración, que lo es. Qué menos le debemos a un valiente defensor de nuestros derechos y libertades frente a las amenazas de los violentos, a un espléndido jurista hecho a sí mismo frente a la tragedia y la adversidad, a un ser humano excepcional que nos demostró que nada es imposible con esfuerzo y determinación; a un héroe.

Reflexiones para un día de reflexión

La Democracia es, en muchos aspectos, una mera proyección colectiva de la vida individual del ser humano. La vida individual frente a la vida colectiva, en sociedad, bajo un sistema de derechos y libertades capaz de conjugar los intereses contrapuestos de sus integrantes. Un sistema político que Winston Churchill definiera, en la tan conocida como acertada máxima, como “el peor a excepción de todos los demás”.

La Democracia, como la propia vida, es imperfecta. Conviene aceptarlo de entrada, pues como creación y hogar de sociedades conformadas por seres humanos, todos perfectamente imperfectos, sólo un lunático infantil puede esperar de ella que nos conduzca a un permanente éxtasis de armonía social y plenitud política.

Pocos rechazaríamos mudarnos gratuitamente a determinado ático con piscina y terraza en el Paseo del Prado o la Diagonal barcelonesa, pero los límites de la existencia (que comprendemos plenamente en su escala individual), y la aceptación de los mismos que es parte esencial de la madurez, nos hacen optar por ese otro “mal menor” que siempre será mejor que las devastadoras consecuencias de no decidir en absoluto. En otros términos, todos aceptamos en nuestra vida personal la permanente necesidad de decidir (¿es que la vida consiste en otra cosa?), y lo racional de hacerlo, cuando sea necesario, optando por el menor de varios males.

Sin embargo, curiosamente, en la cuestión política muchas veces nuestro razonamiento se transforma hacia una visión un tanto infantil, caracterizada no por la búsqueda de la perfección (natural y saludable) sino por la exigencia de dicha perfección. Exigimos que la persona y el partido a quien conferimos nuestra representación se alineen en presente y pasado, en todos los ámbitos, cual traje a medida, con nuestra percepción. Algo del todo imposible, en tanto que individuos únicos e irreplicables.

La frustración resultante en ocasiones se canaliza en una forma de rabieta más digna del patio de un colegio que de una persona adulta, consistente en pasar henchidamente al “ya no juego”. “Todos son iguales”, es el pegadizo eslogan explicativo, frecuentemente proclamado condescendientemente por quienes ni conocen a “todos” ni podrían explicar, siquiera, con mínimo detalle, cuáles son los fundamentos de dicha “igualdad”. Un tobogán directo al callejón sin salida de la degeneración política, un salvavidas para los mediocres y un patíbulo para todos aquellos que, con sincero y honrado esfuerzo, sacrificios personales y muchas veces económicos, entregan su tiempo y energía al servicio de la cosa pública.

Esta postura, que explica la mayor parte de la abstención electoral, tiene una ventaja indiscutible: la ilusión de que “no decidir” es irresponsable en lo personal, pero no en cambio en política. Nada más lejos de la realidad, pues la abstención tiene un efecto determinante en la formación de la voluntad del cuerpo político, con todas las implicaciones que ello conlleva. No en balde en Grecia se denominaba a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino sólo de sus intereses privados, con el término idiotes (del que deriva nuestro actual “idiota”).

La participación electoral de los ciudadanos es la base de la Democracia representativa, la única posible, que garantiza nuestra convivencia bajo un régimen de derechos y libertades, respetuoso de las minorías, en que los poderes públicos -dotados de legitimidad democrática- se ejercen bajo el principio de separación de poderes y el sometimiento pleno a la Constitución como norma suprema del ordenamiento y expresión del pacto social. El peor de los sistemas políticos, a excepción de todos los demás, bajo el que cuarenta años más tarde tenemos la inmensa suerte de seguir conviviendo.

La falacia de los dos bloques

Vaya por delante que no soy politólogo, ni tampoco he estudiado Ciencias Políticas. No puedo ofrecer, al menos en ese campo, un amplio abanico de nombres rimbombantes y teoremas de título extraño, que me otorguen autoridad –en acertados términos de mi querido maestro- mediante la exhibición de los “bíceps de mi tecnicismo”. 

Soy, sencillamente, un jurista con interés en la política y el Derecho constitucional, pero, mucho antes que ello y ante todo, un ciudadano. Un ciudadano indignado con el creciente grado de crispación al que nos vemos sometidos los españoles, de modo paulatino y progresivo, cada vez que se atisba en el horizonte la fecha de una convocatoria electoral. ¿Casualidad? 

No es difícil observar que la crispación que sufrimos obedece a una estrategia perfectamente planificada, perenne en la política española, derivada del “principio de simplificación” de Goebbels –el brillante y terrible Ministro de la Propaganda del nazismo-, cuyos 11 principios de la propaganda, tremendamente efectivos, se utilizan hoy en día en todo género de campos. Consiste en convertir algo tan complejo como la política en una sencilla fórmula asimilable por todos: la de los “buenos” y “malos”. Es, desafortunadamente, una técnica tan sencilla como efectiva: el “crispador” marca una línea en la arena con la espada (somos, en definitiva, herederos de Francisco Pizarro) y declara enemigos a todos los que se encuentren del otro lado. Se abre la veda al insulto, a la descalificación, al abuso. Todos los medios son válidos para combatir a ese demonio que aguarda tras la línea. 

La eficacia de la técnica descrita para el político –y en particular para el político mediocre- es indiscutible, pues ya no es preciso descender a los detalles, pulir los argumentos ni las soluciones; tan sólo basta con colgar el cartel de “malo” al que se sienta delante y a cualquiera que discrepe. 

La “simplificación” tiene otra ventaja incalculable para el político mediocre: es extraordinariamente dúctil, flexible. Siempre existe una línea que trazar en la arena compleja y rica en matices de una sociedad plural. Es precisamente por ello que la “simplificación” se explota recurrentemente por populistas, por nacionalistas, por xenófobos y todos aquellos mediocres incapaces de convencer a través de la razón, y que en consecuencia apuntan al estómago de las personas para captar el voto. Trump, los artífices del Brexit, Bolsonaro, Salvini, Orbán, Putin, Puigdemont, Torra… todos guardan, con sus diferencias, una característica común esencial: todos han obtenido la victoria y detentan el poder utilizando la misma herramienta: la creación de un enemigo y la justificación de cualesquiera medios para alcanzar el fin. Todo está justificado cuando el adversario político no es otro ciudadano de quien razonablemente discrepar, sino un enemigo abyecto y ruin de la patria, un paria de la sociedad que debe ser minimizado, ninguneado, destruido. 

No obstante, las ventajas de la “simplificación” como técnica de propaganda política se agotan en el político que las usa. Para la sociedad que la sufre, las consecuencias son desvastadoras, pues se dirigen siempre a dividir, a fragmentar, a crispar y enfrentar a los miembros de una comunidad entre sí, erosionando hasta destruir –si no se actúa a tiempo- un principio esencial e irrenunciable de la Democracia: el pluralismo político. No existe Democracia sin la voluntad de convivencia con el diferente; su ausencia es un billete directo a la tiranía de la mayoría. La "simplificación" en "buenos" y "malos" es una autopista que nos conduce directamente a esa ruina. 

No es difícil observar estos días de precampaña, en amplios sectores del panorama político y mediático nacional, una tendencia preocupante a la recuperación de una antigua línea gruesa, nítida, entre dos mundos pretendidamente opuestos e irreconciliables: los de la “izquierda” y la “derecha”. El ejemplo perfecto nos lo ha otorgado recientemente la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que, tras instrumentalizar el día de la mujer “botando” con la “segunda dama”, para vergüenza de todos, contra un partido concreto en lugar de a favor de la mujer, afirmaba que “la derecha” no es feminista (en el sentido de buscar la igualdad entre hombre y mujer) para después añadir que sólo el feminista es “demócrata”. En definitiva y por sencillo silogismo lógico, el Partido Popular no es un partido democrático. Se quedó a gusto. Ellos son “los malos”, incompatibles con la democracia, y nosotros “los buenos”. Sectarismo en estado puro; bienvenidos al nuevo guerracivilismo. 

Volviendo a la crispación, la nueva terminología, entusiastamente acogida por los medios de comunicación y empresas demoscópicas, nos habla hoy de dos “bloques” diferenciados: el “bloque” de la izquierda frente al “bloque” de la derecha. No existen individuos, no existen matices, no existe –Dios nos libre- el centro político. Elija usted “bloque”, elija usted trinchera. Los músicos que componen esta renovada sinfonía, a cuyo son pretenden hacernos bailar a todos, reparten con autoridad las etiquetas entre los ciudadanos. Recoja usted su “pack” ideológico y siéntese al fondo entre los suyos, sin hacer ruido. 

Es frente a este ejercicio ruin que hoy levanto mi voz. Como individuo, como ciudadano, como miembro de una sociedad plural cuya Constitución proclama el pluralismo político como valor superior (artículo 1), mi conciencia no puede sino rebelarse contra esta gran falacia mil veces repetida hasta convencernos de su certeza. ¿Es que puede realmente repartirse a una sociedad de casi 50 millones de personas en dos cajas herméticas, la de la “izquierda” y la “derecha”? La respuesta es sencilla: por supuesto que no. 

En primer lugar, por una razón esencial. ¿Sabemos siquiera, realmente, lo que significan esas categorías? ¿Es una cuestión de economía o de conservadurismo? Asumiendo que cualquier generalización es, por naturaleza, delicada en su relación con la verdad, y simplificando tanto como podemos hacerlo sin caer en la lisa y llana mentira, podemos afirmar que, históricamente, se ha tendido a identificar a la izquierda como partidaria de la libertad “moral” del individuo, pero también detractora de la “libertad económica”, que entiende desprotege a los más débiles. Por oposición, la derecha se ha tendido a identificar como partidaria de la libertad económica, pero detractora de la libertad “moral” con motivo de su conservadurismo social. Lo anterior se aprecia con mayor facilidad a la luz de la siguiente gráfica, que no soy el primero ni seré el último en proponer [1]: 

A mayor libertad económica y menor libertad moral, más a la derecha se está en el espectro. O, lo que es lo mismo, un individuo se encuentra más a la derecha cuanto menor intervención económica desee y cuanto más conservador sea. Por el contrario, más a la izquierda se encontrará el individuo cuanto más rechace la libertad económica y cuanto más defienda la libertad moral; o, lo que es lo mismo, cuanto mayor intervención económica defienda y menor conservadurismo desee. 

La falacia de la línea en la arena entre “derecha” e “izquierda” se encuentra, visiblemente, con su primera prueba de algodón, que por supuesto no supera. En su versión más simplista, tenemos al menos dos líneas en esa arena, que nos arrojan cuatro cajones diferenciados, dos de los cuales escapan a la clásica definición. ¿Es que no puede existir un conservador que defienda posiciones intervencionistas en la economía? ¿Y un liberal económico pero también en lo “moral”? ¿Qué bloque le ofrecemos, y espero se me perdonen los estereotipos, a un clérigo defensor de la economía planificada? ¿Cuál a un férreo defensor de la familia “alternativa” que defiende asimismo el neoliberalismo económico? La estadística es irrelevante: ¿dónde situamos a quién no encaja cómodamente entre los prejuicios de los expendedores de etiquetas ideológicas, a quien no encuentra reflejo en alguno de los packs ideológicos preparados para el consumo de las masas? ¿Estamos creando huérfanos ideológicos o simplemente cerramos los ojos a una sociedad compleja y rica en matices, imposible de encorsetar en categorías desfasadas y de brocha gorda? 

El ejemplo más claro en este aspecto es el partido Ciudadanos, que se define como “liberal” en todos los sentidos, lo que impide encajarlo en el conservadurismo clásico de la derecha, pero también en la intervención económica de la izquierda, lo que no ha impedido a los expendedores de etiquetas colocarlo en un “bloque de la derecha” para poder justificar su particular cosmovisión. La ecuación se complica con su indiscutible defensa del estado del bienestar, en la línea del resto de partidos liberal demócratas europeos, que impide incluirlos entre los llamados neoliberales. Por eso todos quieren enviarlo a alguna de las dos cajas: es un elemento incómodo para la falacia de los dos bloques.

Pero, asimismo, no podemos olvidar que existen tantas variables en la ideología como debates en la sociedad, cada una de las cuales añadiría una línea más de división (ecologismo, europeísmo, proteccionismo exterior, caza, toros…) hasta hacer evidente la imposibilidad de hacinar a los ciudadanos en cajones herméticos esbozados con trazo grueso. ¿Quién protege la libertad ideológica del individuo frente al esfuerzo agotador de etiquetamiento que padecemos? 

En segundo lugar, la falacia de los dos bloques pretende polarizar a la sociedad, ignorando conscientemente la existencia de un elemento indiscutible y esencial para la cohesión de la sociedad democrática: el centro político. Un centro político que, en España, no sólo existe sino que afortunadamente, es ampliamente mayoritario. 

No lo afirmo por deseo, sino por constatación. Los españoles estamos, mal que nos pese, esencialmente de acuerdo en prácticamente todas las cuestiones de gran calado político, entre las cuales puede destacarse el estado del bienestar. Contrariamente a lo que afirman determinados sectores de la izquierda (para justificar su propia existencia) en España no existe un debate sobre la existencia del llamado estado del bienestar -blindado, por su parte, en mismo el artículo 1 de nuestra Constitución que define a España como “estado social”-. Los elementos esenciales del mismo, como lo son el sistema de pensiones público, nuestra sanidad pública (de referencia en el mundo), nuestro sistema de educación pública (siempre mejorable, pero sobresaliente en garantizar el derecho a la educación como elemento esencial de la igualdad de oportunidades) o la misma redistribución de la renta son absolutamente hegemónicos en el espectro político nacional. En otros países, donde las posturas neoliberales son poderosas en el espectro ideológico conservador (pongo por ejemplo al Reino Unido o los Estados Unidos, entre muchos otros), se debate abiertamente la necesidad de acabar con las pensiones públicas al grito de "give pension power to the people” o se cataloga como “comunista” cualquier intento de asegurar colectivamente a la sociedad, a costa del erario público, a través de un sistema de sanidad pública. 

En España, los únicos debates a este respecto lo constituyen aquellos sobre cómo hacer sostenible a largo plazo el sistema de pensiones, cómo reducir el déficit público sin “tocar” la sanidad y la educación, o –muy tímidamente- si resulta apropiada la introducción de fórmulas de gestión privada en determinados servicios públicos; el debate se plantea sobre los medios, pero no sobre los fines: es absolutamente minoritario (y no se defiende por ningún partido con opciones de representación) cualquier movimiento contrario al estado del bienestar como mecanismo compensador de las desigualdades económicas. Lo mismo cabe decir de la sostenibilidad medioambiental, el europeísmo y otros tantos grandes debates sobre los cuales existe un amplio consenso social. 

Por otro lado, también desde el ámbito de la libertad moral, existen amplios consensos elementales sobre determinadas cuestiones que, en otros países, resultan problemáticas (matrimonio de personas del mismo género, adopción por los mismos, política de inmigración o asilo, etcétera), y que son aceptados en la actualidad a ambos lados del espectro ideológico. 

Conscientes de la existencia de ese centro político de amplios consensos que describo, los partidos beneficiados por la guerra de trincheras tienen por costumbre exagerar las críticas e intenciones del contrario alejándose de la realidad, creando la adulterada sensación de que las discrepancias lo son sobre los fines y no, en la mayor parte de los casos, sobre los medios. También está a la orden del día agitar ciertos debates como el relativo al aborto, la religión en la enseñanza pública o el Franquismo como elemento de "diferenciación". Paladas permanentes para mantener esa línea en la arena que el mar termina, de lo contrario, por desdibujar. ¿Les suena? 

Finalmente, en tercer lugar, el cuento de las dos trincheras tiene un último talón de Aquiles: la categorización se basa en muchas ocasiones sobre elementos absolutamente ajenos a las concepciones de “izquierda” y “derecha”. Como abordé en su día en mi artículo “Franco no ha muerto”[2] –al que me remito, pidiendo perdón por la autocita, para no extender este texto-, los partidos y los medios de comunicación asumen de modo artificial, como categoría de clasificación izquierda-derecha, elementos absolutamente neutrales como el principio de soberanía nacional, el rechazo o afinidad a los nacionalismos o el modelo territorial. 

Se nos habla del coqueteo con el independentismo por parte del Gobierno de Sánchez, así como del rechazo frontal del mismo por Ciudadanos y el Partido Popular, como de pruebas de una paulatina “derechización” o “izquierdización” del espectro, cuando ni una ni otra postura obedecen racionalmente a ningún patrón coherente con dichas ideologías. No tienen, en román paladino, nada que ver. La defensa de la soberanía nacional frente a los transgresores del Estado de derecho, o el mayor o menor diálogo con el nacionalismo son cuestiones absolutamente desconectadas de la derecha o la izquierda; si no, que se lo digan a la izquierda francesa –absolutamente comprometida con la soberanía nacional y la unión de los franceses- o a la derecha italiana de la Liga Norte, que defiende la independencia de una parte del territorio, la que llaman “Padania”, del resto de la República Italiana. Un sinsentido. 

Me rebelo, en definitiva y por todo lo anterior, frente a los políticos frívolos que explotan el guerracivilismo y la crispación de nuestra sociedad, con el único propósito de esconder su falta de propuestas, su falta de proyecto, su mediocridad; que pretenden suprimirnos como individuos libres y únicos, y endosarnos el cuento de los “buenos” y los “malos” esperando obtener a cambio un cheque en blanco para su gestión. La cohesión social, la convivencia democrática, la búsqueda del consenso, todos sacrificados en el altar de la  más baja contienda política. ¿Nos dejaremos manipular una vez más?

---

[1] Aprovecho para agradecer a mi querida hermana Cristina su colaboración en la “digitalización” del gráfico.

[2] http://carlosspazos.blogspot.com/2017/08/franco-no-ha-muerto.html